Si usted es de los que no dejarían su casa bajo el cuidado de un abogado, sepa que no está solo. Hay muchas personas más que compartirán su opinión. Quizá por ello le interese participar en la audiencia pública “El abogado y su rol en el Perú”, que organiza el diario El Comercio el viernes 12 de febrero en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima.
Pero tome en cuenta que la idea no es solo ir para contar anécdotas negativas y quejarse, sino más bien realizar análisis y propuestas sobre la problemática de este sector profesional, tan esencial para la justicia (pues, aunque con deficiencias, sin abogados nos sumiríamos en un caos jurídico y social). Según la convocatoria pública, los temas que se abordarán son la formación del abogado, su rol ante la administración de justicia y su actuación frente a los retos del siglo XXI.
Es importante además considerar que esta preocupación por la profesión legal no es nueva, pero sí una necesidad recurrente. Por ello conviene recordar algunos puntos sobre la situación actual.
El 2005, Luis Pásara presentó Los abogados de Lima en la administración de justicia.[1] En este libro, de lectura bastante recomendable, Pásara planteó diversos temas preocupantes a partir de una investigación de campo. Si bien se abordan distintos aspectos sobre la profesión, queremos resaltar que Pásara identifica dos estratos claramente diferenciados, cada uno con distintas calidades. Una de las diferencias es el sector socioeconómico al que atienden. El estrato que atiende al sector más bajo económicamente, pero mayoritario, tendría menor calidad profesional debido a la deficiente formación de que goza, brindaría menor atención a los casos, factores que generarían desconfianza en quienes buscan sus servicios; mientras que el estrato (reducido) que atiende a los sectores altos gozaría de mayor prestigio, mejor formación académica y técnica, y brindarían mejor atención e información a sus clientes, generando mayor satisfacción.[2]
Es decir, en este punto, la profesión legal simplemente se amoldaría a las diferencias sociales, haciendo más insufrible la pobreza en el país. ¿Por qué existe tanta diferencia en la calidad de los servicios brindados por los abogados? Parte de la respuesta está en la educación legal, cuya calidad también se encuentra polarizada, no necesariamente sobre la dicotomía de universidad público o privada (que hace pensar que las públicas tienen menos recursos y por ello menor calidad). También Luis Pásara, esta vez en La enseñanza del derecho en el Perú: su impacto sobre la administración de justicia (2004) analiza que la deficiente formación profesional de nuestros abogados tiene entre sus causas la proliferación de instituciones privadas de baja calidad, cuyo propósito es solo lucrar, por lo cual dan facilidades para el ingreso y titulación (lo que se agrava con el bachillerato automático). Pero el problema está también en las universidades más prestigiosas, donde muchas veces no hay concursos públicos para docentes. En general (en todas las universidades), existe una debilidad del núcleo docente (sin previa formación pedagógica, debilidades teóricas, enseñanza centrada en contenido de normas, falta de preparación de clases), inadecuada infraestructura (bibliotecas bien implementadas, ambientes inadecuados). Todo esto redunda en una pésima formación profesional y, como le respondiera un alumno entrevistado a Pásara, “te impulsan a ser autodidacta”.[3]
¿Qué hacer en un panorama tan desalentador? Sobre la educación legal, no debemos olvidar la necesidad de que existan mecanismos de acreditación para asegurar un estándar mínimo de calidad, debe frenarse el crecimiento de las universidades centradas en la búsqueda de lucro, cerrar las filiales y los estudios “a distancia”, eliminar el bachillerato automático, incluso establecer como obligatoria la titulación bajo la modalidad de sustentación de tesis. En cuanto al ejercicio profesional, es necesario que los colegios de abogados realicen mayores esfuerzos en el control de sus agremiados, que actualmente es bastante deficiente y complaciente.
Difícilmente se podría decir que se conoce a fondo y con todo detalle la problemática de la profesión legal en nuestro país. No se cuenta con mayores diagnósticos sobre el tema. La preocupación académica solo aparece tangencialmente cuando soplan vientos de reforma, pero luego desaparece el interés y no se desarrolló nunca una sociología de la profesión legal como en algunos otros países, que nos permita conocer más a fondo este tema.[4]
Por ello, espacios de debate público como la audiencia que se aproxima pueden ser importantes, especialmente en un contexto como el actual en el que se están quedando dormidos los ánimos reformistas en el sector justicia, tendencia sintetizada en la frase “no vengo a hablar de reformas” pronunciada por el actual Presidente del Poder Judicial al asumir su cargo.
[1] Pásara, Luis. Los abogados de Lima en la administración de justicia. Una aproximación preliminar. Lima: Consorcio Justicia Viva, 2005, 140 pp.
[2] Ibidem, pp. 102-103.
[3] Luis Pásara, La enseñanza del derecho en el Perú: su impacto sobre la administración de justicia, Lima, 2004, pp.60-71.
[4] Véase, por ejemplo, Los abogados ante el siglo XXI (2001)¸o Lawyers in Society. Comparative Theories (1989). En nuestro país, paradójicamente, hay más estudios que muestren el desempeño de los abogados en nuestro pasado histórico que en nuestro presente actual (autores como Ramos Núñez, Honores Gonzáles, Guevara Gil o Puente Brunke, destacan en este sentido).
PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA
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