Islay: optemos por el diálogo antes que la represión. La inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1094

¿Cuántas muertes serán necesarias para que el gobierno deje de imponer proyectos mineros rechazados por la población? ¿Cuántas serán necesarias para que, en el futuro, la minería entre en diálogo con la población? ¿Cuántas muertes esperará la justicia para declarar inconstitucional el Decreto Legislativo N° 1094?


Como comentamos la semana pasada, frente al conflicto social en la provincia de Islay, por el proyecto cuprífero Tía María de la Southern Peru Copper Corporation (Grupo México), el gobierno ha mantenido estos dos años una actitud de represión constante y creciente. En esa línea, el gobierno se salió de los cauces constitucionales al autorizar, el 28 de marzo pasado, el ingreso de las Fuerzas Armadas a la provincia de Islay, como apoyo a la Policía Nacional, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales (R.S. 113-2011-DE), como explicamos anteriormente.

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que confirma varias irregularidades y omisiones en el estudio de impacto ambiental (EIA) del Proyecto Tía María, permite entender que el reclamo de los pobladores por la contaminación del río Tambo está sustentado.

Como era de esperarse, esta semana se intensificaron los enfrentamientos por lo que, al cierre de esta edición, se han registrado ya tres muertos: uno el lunes 4 de marzo, Andrés Taype Choquepuma (22); y, como si no se hubiera aprendido nada, hoy jueves 8 de marzo fallecieron Aurelio Huarcapoma (50) y Néstor Cerezo Patana (31). Además, ya se puede contar más de 50 heridos esta semana (al menos 20 el lunes y más de 30 hoy jueves hasta el mediodía), muchos de los cuales fueron heridos de bala.

El gobierno prefiere el proyecto Tía María que a la Constitución: aumenta represión en la provincia de Islay

El pasado lunes 28 de marzo se conoció que, a través de la R.S. 113-2011-DE, el Ejecutivo autorizó la intervención de las fuerzas armadas en la provincia de Islay (Arequipa) para apoyar a la Policía Nacional a resguardar el funcionamiento de servicios públicos y establecimientos públicos desde el 27 de marzo hasta el 10 de abril. Todo esto en el contexto de las protestas sociales por el proyecto Tía María. Esta medida es sumamente preocupante debido a que el Ejecutivo no ha mostrado una actitud de diálogo clara con la población, ni ha dado señales de transparencia y preocupación por garantizar que este proyecto no la afecte, sino que desde el 2009 ha intensificado la represión, saliéndose de los cauces constitucionales.

Tía María es un inmenso proyecto cuprífero de la Southern Perú Copper Coorporation, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Este proyecto ha generado el rechazo de la población debido a que se extiende sobre el río Tambo, el cual irriga importantes zonas agrícolas de las que viven muchas familias. Este escenario de tensión, además, se intensifica porque en los últimos años alrededor del 50% de la provincia de Islay se ha parcelado y concesionado a empresas mineras. Es por ello que los pobladores se opusieron a este proyecto en la consulta popular realizada a fines de septiembre de 2009. Desde entonces, se han producido ya tres paros indefinidos en la zona (en abril de 2010, noviembre de 2010 y marzo de 2011), insuficiente diálogo y creciente represión. En todos estos paros han resultado heridos pobladores y policías. Es decir, es un agudo conflicto social permanente desde hace dos años.

En el contexto del último paro, sin embargo, hay dos hechos que resaltan de manera preocupante: a) el informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que confirma varias irregularidades y omisiones en el estudio de impacto ambiental (EIA) del Proyecto Tía María; y b) la autorización de la intervención de las fuerzas armadas a través de la R.S. 113-2011-DE.