Quienes
hasta el año pasado decían que las propiedades de la PUCP debían
administrarlas terceros nombrados por la Iglesia, ahora dicen que
toda la PUCP es de la Iglesia, y por ello se asumen con derecho de
decidir todo lo que tenga que ver con ella: desde los inmuebles hasta
la suerte de los venados y ardillas del campus, pasando por la línea
académica y la organización institucional. Este cambio se inició
en julio del año pasado, cuando empezaban a desinflarse los procesos judiciales sobre la herencia de Riva-Agüero, que habían sido irregularmente concesivos con el Arzobispado de Lima.
Debido
a que la intervención a través del Arzobispado de Lima perdía
fuerza, el cambió de estrategia para intervenir la PUCP empezó a
involucrar otras instancias de la Iglesia Católica. Pero la lógica
subyacente ha sido casi
siempre la misma: quienes creemos en Cristo y seguimos la fe católica
debemos aceptar, sin dudas ni murmuraciones, lo que ordenen quienes
deben guiarnos espiritualmente, aunque tales órdenes nada tengan que
ver con lo espiritual. Así de totalitario.
Es
difícil decirlo, pero parece que así funcionan las cosas.
El
ahora famoso decreto
que prohíbe a la PUCP usar los términos
Pontificia
y Católica
como parte de su denominación refleja el interés desde el Vaticano
por absorber a una de las principales universidades de nuestro país.
