El miércoles pasado, en la víspera del 61º aniversario de la Declaración Universal Nacional de los Derechos Humanos, se realizó la XIX Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” y el Premio Periodismo y Derechos Humanos 2009.
Este año, los galardonados fueron el fiscal Avelino Guillén, quien recibió el Premio “Ángel Escobar Jurado”, el reportero gráfico Óscar Medrano y el caricaturista político Carlos Tovar “Carlín”, quienes recibieron el Premio Periodismo y Derechos Humanos; y el antropólogo Carlos Iván Degregori.
La trayectoria de los galardonados es sumamente destacada. El fiscal Guillén es recordado por su contundente labor en el proceso al ex presidente Alberto Fujimori por violación a Derechos Humanos. De otro lado, las fotografías de Medrano muestran valientemente y con nitidez el dolor vivido dentro del país durante el conflicto armado interno, mientras que las caricaturas de “Carlín” consiguen a diario el milagro de arrancarnos una sonrisa a pesar de desnudar las mayores injusticias. Por su parte, Carlos Iván Degregori, ha destacado desde buen tiempo atrás por su papel como comisionado en la Comisión de la Verdad, promotor de los Derechos Humanos y agudo observador de la realidad peruana.
Pero hablar de premios nos puede hacer pensar en un ambiente de fiesta y alegría por conseguir grandes éxitos, pero ése no es el caso específico. Estos “premios” tienen más bien el sabor de reconocimiento al esfuerzo y los logros, en un ambiente en el que campea la impunidad y la injusticia. Cada uno de los galardonados ha brindado parte de su energía vital para que vivamos en una sociedad más justa, pero todavía nos queda mucho por hacer.
Al conmemorar, ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se requieren mayores discursos pues queda claro que estos derechos fundamentales son la piedra angular de un Estado realmente democrático, por ello es mejor fijarnos cuánto nos falta aún para su consolidación.
Este año se han tenido avances impresionantes, ciertamente, como la ejemplar condena al ex presidente Fujimori, que ha demostrado al mundo que en el Perú la justicia también existe.
Pero todavía nos falta mucho por aprender como sociedad. Esto fue destacado por Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien inició la ceremonia señalando que este año demuestra que aún no hemos aprendido la lección pues murieron muchos peruanos, refiriendo incluso la reciente muerte de los campesinos Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama en Huancabamba, Piura, a manos de un contingente policial. Igualmente, lamentó las muertes de policías y militares ocurridas este año, y señaló enfáticamente que quienes proponen agredir a los miembros de las fuerzas del orden no forman parte del movimiento de los Derechos Humanos, sino que se encuentran en sus antípodas. Consecuentemente, Gamarra pidió un minuto de silencio por todos aquellos que habían perdido la vida en su lucha por los derechos humanos y el cumplimiento de su deber.
En esta misma línea, debemos tener presente que ya son más de un centenar de peruanos los que han fallecido durante el actual régimen del presidente García, a raíz del control torpe y abusivo de la conflictividad social y la delincuencia. Wilfredo Ardito nos recuerda con cierto detalle que han sido ya 36 personas las que fallecieron a raíz del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía al reprimir manifestaciones sociales, intervenir en desalojos, o al combatir al crimen y el contrabando, incluso llegando a dar muerte a las víctimas de delitos, y hasta niños (ver: “Las 101 muertes de civiles durante el gobierno de Alan García”). Ardito también resume ocho casos de peruanos que han fallecido en incidentes relacionados con las fuerzas armadas y presenta 35 (de un posible total de 46) casos de víctimas del escuadrón de la muerte en Trujillo, y hace referencia también al caso de Bagua, donde según la Defensoría del Pueblo murieron 33 personas, entre civiles y policías (ver: Informe de Adjuntía N°006-2009-DP/ADHPD).
Por otro lado, en diciembre del año pasado comentábamos que durante el gobierno del presidente García se había vuelto cada vez más arriesgado defender los derechos humanos, pues habían aumentado las agresiones y hostigamientos hacia los defensores (ver: “Alarmante aumento de agresiones y hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos”).
Es decir, en cuanto a derechos humanos, en el Perú todavía tenemos mucho por mejorar, pues su situación es todavía precaria y su defensa peligrosa. Y eso que nos hemos referido a un solo derecho, el más básico: la vida.PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA
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