Cada vez es más arriesgado exigir justicia, cada año aumentan las agresiones a los defensores y defensoras de Derechos Humanos. Según un comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se registraron 124 de incidentes en agravio de defensores de Derechos Humanos entre el 2007 e inicios de diciembre del 2008 a nivel nacional, que incluyen amenazas, hostigamiento policial y judicial, agresión física, daño a la propiedad, campañas difamatorias, acciones de inteligencia, reglaje, robo de información, intervención telefónica y ataques vía internet (ver: Comunicado).
El informe que sustenta este comunicado muestra que en el 2008 estos incidentes aumentaron en un 34% en comparación al 2007, según detalla el siguiente cuadro:
| Sectores afectados | 2007 | 2008 | Total |
| Defensores DDHH | 17 | 12 | 29 |
| Medioambientalistas | 24 | 44 | 68 |
| Testigos | 7 | 8 | 15 |
| Agraviados | 3 | 6 | 9 |
| Operadores de justicia | 2 | 1 | 3 |
| Total | 53 | 71 | 124 |
El informe señala también que los factores que han ocasionado el incremento son las provocaciones de sectores fujimoristas que buscan impunidad en el juicio al ex Presidente y el hostigamiento generado por grandes empresas extractivas a los defensores del medio ambiente. Sobre lo primero, se informa que desde septiembre del 2007 a inicios de diciembre del 2008 se registraron 26 incidentes de hostigamiento de grupos fujimoristas contra defensores de derechos humanos, testigos, agraviados y operadores de justicia, de los cuales 15 ocurrieron en el 2007 y 11 en el 2008. Por otro lado, grandes empresas extractivas mineras y petroleras han provocado diversos incidentes en la Amazonía, en Junín (La Oroya) y en la región norte del país a partir de las operaciones provocadas por la Empresa Minera Majaz; en estas zonas se han registrado casos de sustracción de información de computadoras, hostigamiento judicial masivo mediante denuncias penales injustas y otras formas de intimidación y presión.
Pero no solo personas han sido víctimas de agresiones y hostigamiento, sino también diversas instituciones. Las principales afectadas durante el 2008 serían a) Aprodeh, b) Centro Pastoral de Parroquia Marcavalle, c) Radio Cumbre de Huancayo, d) Aidesep, e) IDL, f) Organización de víctimas de Huachipa, g) Radio Marañón, y h) CooperAcción. Asimismo, se señala que algunos medios de comunicación de Lima y provincias lanzaron campañas de descrédito y difamación contra diversas ONG de derechos humanos; también se menciona una búsqueda de intervencionismo y control contra las ONG mediante acciones de la APCI y un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para disolver legalmente asociaciones sociales bajo el argumento de que afectan la seguridad del Estado y el principio de la no injerencia en asuntos internos.
Estos hechos son inadmisibles en un Estado democrático donde debe primar el respeto por los derechos fundamentales de todo ciudadano y deben convergir esfuerzos para combatir su vulneración. El Estado, naturalmente, no solo tiene la obligación de garantizar estos derechos, sino proteger y apoyar a quienes los defienden. En esta perspectiva, la CNDDHH ha presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros una propuesta de ley para constituir un “Programa de Protección para defensoras y defensores de derechos humanos”, para que posteriormente pueda ser presentado formalmente al Congreso de la República.
Esta propuesta normativa establece que el programa de protección será instituido por el Ministerio Público en coordinación con el Poder Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo, y supervisado por una comisión Multisectorial que incluye representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Una característica importante de este programa es que debería contar con un equipo policial especializado en medidas preventivas y de protección de personas en alto riesgo, y con capacitación en derechos humanos. Además, para la adopción de medidas de protección se tomará en cuenta la potencial situación de riesgo o vulnerabilidad del defensor o defensora de derechos humanos con motivo de su intervención en la investigación preliminar o en un proceso penal; y para su aplicación se evaluará si se realizará complementariamente a través de dos mecanismos: a) la unidad especializada de la policía nacional y b) una red de apoyo integrada por entidades estatales no policiales (ver: Propuesta).
Esperemos que gradualmente disminuyan estos actos de hostigamiento y agresión, y que el Estado pueda garantizar mayor seguridad a los defensores y defensoras de derechos humanos, tal como es su deber de acuerdo a varias resoluciones de organismos internacionales de los que forma parte, como por ejemplo la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, de 1999, aprobada por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas Nº 53/144, la misma que señala en su artículo 12.2 que el “Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.
PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA
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