En nuestro medio, existe un discurso favorable a la justicia de paz, tanto a nivel del Poder Judicial como en diversos espacios de discusión, aunque no siempre se concreta en un respaldo institucional decidido.
En agosto de 2004 se creó la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz – ONAJUP (Res. Adm. N° 150-2004-CE-PJ) con el objetivo de contar con un órgano especializado en la estructura del Poder Judicial que analice, planifique y oriente la labor de la Justicia de Paz en el país. En la misma línea, pero con un mayor espíritu descentralista se creó en cada Corte Superior del país una Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz - ODAJUP, conforme a la Res. Adm. N° 010-2007-CE-PJ.
La creación de estos órganos implica un avance importante, pero se desvirtúa si no se institucionalizan adecuadamente y si éstos no cumplen una labor activa(1).
Precisamente, las ODAJUP del país padecen de una notable inestabilidad debido a que sus coordinadores no se encuentran adecuadamente nombrados. Actualmente se cuenta solo con coordinadores encargados, que formalmente ocupan diversos cargos (e.g. especialistas legales, asesores, personal de imagen institucional) y que deben atender las funciones propias de la ODAJUP como complementos de las funciones de sus otros cargos; y solo unos pocos pueden dedicarse exclusivamente.
Esta situación podría mejorar dotando de estabilidad a los coordinadores mediante su nombramiento, pero es incierto que eso ocurra. Desde hace más de tres meses, es posible nombrar en el cargo a los coordinadores de las ODAJUP, pero está pendiente que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial disponga que los Distritos Judiciales lleven a cabo los procesos de selección. Ahora el riesgo es que si no se convoca un procesi de selección este mes, las plazas disponibles se perderían para el próximo año, por lo que el 2009 no habrían coordinadores y las ODAJUP dejarían de funcionar.
El fortalecimiento de la Justicia de Paz implica necesariamente el fortalecimiento de la ONAJUP y las ODAJUP. El nombramiento de los coordinadores es una cuestión básica e importante. Incluso esta medida requerirá posteriormente mayores avances.
Así, por ejemplo, actualmente las ODAJUP solo pueden funcionar en las ciudades que son sedes de Corte Superior, y eso limita el contacto fluido que deben tener con los jueces de paz, por lo cual debería existir al menos un representante de ODAJUP en cada capital de provincia. Además se requiere mayor presupuesto y atribuciones para que puedan: a) realizar mayores actividades de capacitación; b) cumplir con asesorar legalmente a los jueces de paz que son denunciados; c) centralizar información sobre sus necesidades, asi como las quejas y denuncias que les plantean; d) monitorear los miles de procesos de elección de jueces de paz; e) proveerlos de materiales de trabajo cada vez que se necesite; f) interceder ante las otras autoridades pertinentes para que coordinen y apoyen con los jueces de paz, etc.
Sin la Justicia de Paz, el Poder Judicial no tendría una presencia tan amplia en el territorio nacional. Por lo tanto, es clave para que el sistema judicial se proyecte legítimamente en todos los rincones del país. Es imperativo apoyar a la Justicia de Paz. Esperemos que en el futuro estas oficinas de apoyo tengan presencia activa en todas las provincias del país (y cuenten con las condiciones institucionales y materiales necesarias), para que así los juzgados de paz reciban el respaldo que merecen. Por lo pronto, hay que empezar con el nombramiento de los coordinadores del próximo año.
(1) La inactividad en la gestión anterior de la ONAJUP fue comentada anteriormente, véase “La Justicia de Paz y su aporte a la reforma de la justicia en el país”.
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