Las condiciones sociales y políticas para el ejercicio de la libertad de expresión son sumamente difíciles en la región andina. Esto quedó evidenciado el pasado 23 de marzo al realizarse la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de expresión en la región andina, en el marco de su 138º período de sesiones. En esta audiencia, solicitada por diversas organizaciones del continente, se analizó el estrechamiento de la libertad de expresión en Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela.[1]
Como se recordará, el 3 de noviembre del año pasado, se realizó otra audiencia sobre libertad de expresión en el Perú, en la cual se informó sobre dos formas de actuar del Estado que atentan contra el derecho a la libertad de expresión: a) la clausura o intentos de clausura a radioemisoras pequeñas y del interior del país por informar de forma independiente sobre conflictos generados a partir de inversiones en industrias extractivas o del reparto de los beneficios que estas industrias generan; y b) la presentación de diversos proyectos de ley restrictivos de la libertad de expresión. La audiencia celebrada el último martes ha mostrado que estas prácticas no constituirían casos aislados en nuestro país, sino que formarían parte de toda una tendencia mayor en la región andina que pone en riesgo la libertad de expresión.
Las organizaciones peticionarias elaboraron un informe, que fue sustentado durante la audiencia. Este informe, se concentra en: a) analizar diversos índices y reportes cuantitativos de casos en la región andina que presentan un panorama global de la situación de la libertad de prensa; y b) analizar cualitativamente diversos temas y situaciones que afectan la libertad de expresión en los países andinos.
De acuerdo al Índice de Gobernabilidad del Banco Mundial, los países andinos tienen un nivel relativamente bajo en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión en comparación al resto del continente. Según este indicador habría un cierto estancamiento en las dos últimas décadas, destacando que solo Perú ha mostrado avances desde la década de 1990, mientras que Venezuela ha mostrado tendencia a estancarse. Por otro lado, el Índice de Prensa de Freedom House 2009, que analiza el ambiente económico, legal y político en que se ejerce la libertad de prensa, señala que los países andinos cuentan con las peores condiciones en América Latina, manifestando un progresivo deterioro desde la década de 1990. Dentro de su escala, Venezuela es considerado un país “No libre”, y los demás se ubican en la categoría “parcialmente libre”, aunque Colombia se encuentra cerca de ingresar a al categoría “No libre” (actualmente solo Venezuela y Cuba se encuentran en la categoría “No libre”). Por su parte, el estudio cuantitativo de casos reportados por la relatoría especial muestra que los países andinos tiene una incidencia alta entre los casos reportados: el 41% de total de casos de agresiones y amenazas psicológicas de toda América Latina, el 44% en lo referente a agresiones físicas y el 67% en relación a los secuestros. Asimismo, tres países andinos (Colombia, Perú y Venezuela) se encuentran entre los 5 países de donde más casos se han reportado en el continente (junto a Cuba y Colombia). Además, se informa que en Colombia, Perú y Venezuela, en términos comparados, es alto el número de casos reportados por el uso abusivo del poder político (7, 9 y 22 casos respectivamente).
Por otro lado, al analizar cualitativamente los casos reportados por los países andinos. Se observan cinco tendencias que afectan la libertad de expresión: a) Procesos de reformas legales e institucionales que perjudican la libertad de expresión, b) expresiones de intimidación e intolerancia por parte de funcionarios públicos, c) utilización del aparato estatal para coartar la libertad de expresión, d) procesos penales y administrativos contra periodistas y medios de comunicación, y c) abuso o discriminación en la distribución de la publicidad oficial.
Como puede verse, el contexto en los países andinos para el ejercicio de la libertad de expresión es bastante difícil en la actualidad. Esperamos que la audiencia en la CIDH motive que los estados cumplan con su deber de garantizar marcos institucionalidad sólidos y transparentes para el ejercicio de este derecho clave para la democracia.
-------------------------------------------------------
[1] Los solicitantes fueron el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, el Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela, el Centro Derecho y Sociedad (CIDES) de Ecuador y Freedom House de los Estados Unidos de América.
PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA
PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario