El sistema de justicia entrampado por el caso BTR

Hace exactamente un año el mundo entero reconocía la buena actuación de nuestro sistema de justicia por la impecable sentencia condenatoria a Alberto Fujimori. Ahora, con la adulteración de pruebas en el caso BTR, el panorama es distinto y nos toca presenciar uno de los escándalos más bochornosos que, muy lejos del ideal de justicia, solo nos muestra el enfrentamiento enconado entre dos entes protagónicos del sistema de justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, los que se acusan mutuamente. En esta situación, lo único que se consigue es debilitar la institucionalidad democrática al transmitir a la ciudadanía un mensaje de corrupción e impunidad en las altas esferas del poder. 

A pesar de los indicios todavía no se puede saber con total certeza cómo se produjo el borrado de los archivos y quiénes son los responsables. Una limitación adicional para conocer los hechos es el deber de reserva que tiene el fiscal Wálter Milla durante las investigaciones. Esta reserva terminará el 12 de abril, fecha en la que el Ministerio Público dará a conocer ante la opinión pública mayores detalles.

Sin embargo, el panorama actual permite calificar más claramente el desempeño del Ministerio Público, frente a la actuación de las autoridades del Poder Judicial.

En efecto, fue el fiscal Milla quien realizó las denuncias respectivas por las que ahora se conocen estos graves hechos, y la posición a favor del Ministerio Público en distintas pruebas concretas.

Por su parte, la actuación del Poder Judicial no ha sido la más diligente.

a) Hubo dilación innecesaria y peligrosa. Los USB en cuestión fueron incautados todavía el 8 de enero de 2009, debieron visualizarse el 13 de febrero, pero la jueza Martínez suspendió la audiencia y pidió a la fiscalía que entregaran los archivos. Desde entonces la fiscalía solicitó en varias oportunidades que se procediera a la visualización de los archivos, pero la jueza no atendió este pedido sino hasta el presente año, iniciándose la visualización el 5 de marzo (ver: cronología).

b) La seguridad era deficiente. Por otro lado, a pesar de la insistencia del presidente del Poder Judicial, se sabe que la seguridad con la que se conservaban los USB no era la más adecuada. En efecto, el borrado de los archivos se habría producido luego de un cambio de ambientes para el juzgado dispuesto por el presidente del Poder Judicial. Según La República, el juzgado de la jueza Martínez se encontraba en la Corte Superior de Lima, los USB se conservaban en unos anaqueles sin llave en un baño utilizado como bóveda, además que el despacho de la jueza era fácilmente accesible desde la calle. La OCMA realizó visitas de control entre el 24 de febrero y el 5 de abril de 2009, y planteó observaciones a la seguridad, las que no fueron subsanadas. Para complicar las cosas, el Presidente del Poder Judicial dispuso que el juzgado pasara al cuarto piso de Palacio de Justicia, donde se acondicionó el privado de esa oficina como bóveda. Pero para las audiencias había que llevar las audiencias a un ambiente en el tercer piso a través de una “estrecha escalera de acceso público, que también comunica al Colegio de Abogados, a la calle por el jirón Manuel Cuadros y los despachos de Villa Stein. En esta puerta no hay detector de metales”. Además, en este nuevo ambiente, la OCMA no pudo realizar ninguna visita de control. Es decir, si las condiciones de seguridad ya eran inadecuadas, el traslado generó condiciones para movilizar y desproteger los archivos. Y como era previsible, el borrado de pruebas ocurrió después del traslado.

c) El Poder Judicial no actuó ante la desaparición de las pruebas. El informe del software Encase Forensic que revela que los USB fueron modificados, es todavía del 13 de mayo del 2009. Este informe consta en el propio expediente del caso BTR. Es decir, el Poder Judicial ya estaba al tanto de la adulteración de estos USB desde hace casi un año y no tomaron ninguna medida al respecto. Es recién después de que estalla el escándalo que el presidente del Poder Judicial busca evitar responsabilidad al señalar que el cambio de archivos, o incluso de USB fue realizado por la fiscalía, a pesar de que existen actas en las que la jueza Martínez recibe el contenido conforme. Desafortunadamente, el presidente del Poder Judicial no mostró pruebas sobre sus acusaciones, por lo que la Fiscal de la Nación lo emplazó a demostrar lo afirmado.

Bajo estas circunstancias, no existirían razones para confiar en que se hará justicia en el caso BTR y los petroaudios, ya que nuestro sistema de justicia está totalmente entrampado en este caso. Siendo grave que confrontación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial pudiese terminar beneficiando a los acusados, quienes previsiblemente podrían plantear que las pruebas fueron adulteradas y que no se les puede imputar responsabilidad penal por esa razón.

Esperemos lo que el Ministerio Público tenga que comunicar el 12 de abril próximo, y que esta confrontación, tan dañina para nuestro sistema, termine de una buena vez, sin dejar de atribuir responsabilidades y corregir errores.

PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA