Diversos obispos del país se pronuncian a favor de Cipriani en controversia con la PUCP: es necesaria mayor objetividad

El jueves 8 de julio se publicó en varios diarios el pronunciamiento “Mensaje de los obispos a los fieles católicos, a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, con relación a la Pontificia Universidad Católica del Perú”, que es firmado por treinta y cinco obispos del país. Creemos que este comunicado necesita mayor objetividad en sus afirmaciones.

Este pronunciamiento básicamente señala que las autoridades de la PUCP y personas vinculadas han iniciado una campaña de desprestigio contra el Cardenal Juan Luis Cipriani, para desorientar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general. La razón sería que no obtuvieron respaldo legal para su pretensión de oponerse a que el Arzobispo de Lima nombre un representante que vele por la correcta administración de los bienes dejados por Riva-Agüero, lo que habría sido establecido por el Tribunal Constitucional (TC). Señalan que esto no sería acorde con el principio de comunión que debe primar entre los fieles y sus pastores, que deberían cumplirse lo dispuesto por el TC.

Naturalmente, este comunicado se basa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los obispos, y como tal debe respetarse pero, en base al mismo derecho, plantearemos nuestras observaciones y discrepancias.

Por un lado, debemos poner de relieve de que si bien se trata de un número considerable de obispos no se trata de un comunicado oficial de la Conferencia Episcopal Peruana. Además, es de considerar que no se encuentra suscrito por la totalidad de los obispos, haciéndose extrañar varios de diócesis importantes. Por ejemplo, el comunicado no es suscrito por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

Por otro lado, queremos seguir la invocación de los propios obispos a los fieles, la comunidad universitaria y la ciudadanía en general: “mantener la objetividad en tan importante asunto y no dejarse distraer ni confundir con argumentos ajenos a los hechos en cuestión”.

Este pedido de objetividad es el que nos motiva a pronunciarnos sobre lo siguiente:

a) La PUCP sí acata la sentencia del TC. Se debe aclarar que esta sentencia no dispone que el Cardenal Cipriani puede designar un representante para velar el buen uso como afirman los obispos. Recordemos que se trataba de un proceso de amparo de la PUCP para evitar que el señor Muñoz Cho (designado por el Cardenal Cipriani) siga realizando actos que amenacen el uso legítimo de la propiedad de la PUCP y su autonomía universitaria, y que llegó al TC mediante recurso de agravio constitucional. En tal sentido, lo único que estableció el TC fue considerar infundado tal recurso. Pero nada más, y la PUCP lo ha acatado. Es incorrecto señalar que el TC estableció el derecho del Arzobispo de Lima a designar a un miembro de la junta administradora. No podía hacerlo porque tal asunto se encuentra pendiente en otro proceso en el Poder Judicial. Se debe tener cuidado en no sobredimensionar la sentencia del TC, lo que confunde a la ciudadanía.

b) La pretensión del Cardenal Cipriani sí afecta a la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Al final del comunicado, los obispos señalan la participación del Cardenal mediante un representante en la junta administradora no afecta la autonomía universitaria ni la libertad de cátedra, “que son perfectamente compatibles con las normas de la iglesia”. Debemos recordar que la Ley Universitaria (Ley Nº 23733) establece que por la autonomía universitaria las universidades tienen el derecho de administrar sus bienes y rentas, y que ningún ente externo puede interferir en ello, pues el máximo órgano de gobierno es la asamblea universitaria. Es decir que una junta externa no puede administrar los bienes de la universidad, sobrepasando la autoridad de la asamblea universitaria. Resulta a todas luces evidente que una intromisión de este tipo vulnera la autonomía universitaria, y que incluso en el supuesto negado de que Riva-Agüero lo hubiera dispuesto (esto está en controversia en el Poder Judicial) esa voluntad no podría sobreponerse a lo ordenado por una ley.  

Esto nos hace pensar que, posiblemente, los señores obispos no se encuentran adecuadamente informados del caso. Desde este espacio les invocamos a buscar también la objetividad que nos solicitan, y cuidarnos de no interpretar exageradamente las sentencias del TC.

PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA