La justicia de paz sigue siendo una institución trascendental pero ninguneada en materia de acceso a la justicia. Ha habido algunos esfuerzos pero estos últimos años se percibe como oportunidades que pueden perderse, y debería hacerse un esfuerzo por corregir esta situación. Aunque se trata de una institución judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo también tienen que ver con su actual situación.
Resulta pertinente recordar que la importancia de la justicia de paz tiene dos componentes. Por un lado, desde la perspectiva de la población, es la instancia judicial más cercana a lo sectores de bajos recursos y que viven en zonas alejadas, por lo que constituye una importante plataforma de acceso a la justicia; además es un valioso espacio de ejercicio de ciudadanía, que permite que peruanos y peruanas de sectores históricamente marginados accedan a un cargo de autoridad dentro de la estructura estatal. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado, la amplia distribución geográfica de la justicia de paz posibilita una presencia extensa y legítima del sistema de justicia en todos los rincones del país; además, permite que nuestro sistema se abra a la interculturalidad en la resolución de las causas. Por estas razones, resulta imperativo fortalecer esta institución.
Un aspecto de importancia para fortalecer la justicia de paz es el soporte económico. Desde hace varios años se ha vuelto evidente y preocupante que nunca han existido fondos públicos destinados a la justicia de paz, lo que la mantiene en la precariedad. Esto pudo cambiar en los últimos años, primero por el aporte de la cooperación Internacional, y este año por la incorporación, por vez primera, de partidas destinadas a la Justicia de Paz dentro del presupuesto del Poder Judicial.
Por parte de la cooperación internacional, el Proyecto de Apoyo a la Reforma de la Justicia en el Perú (JUSPER) ejecutado con fondos de la Unión Europea, destinó parte de sus recursos al fortalecimiento de la justicia de paz. Estos fondos fueron destinados, principalmente, a la realización de algunas consultorías que actualizaban el conocimiento sobre el estado de la justicia de paz en el país, a la implementación de las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) en cada corte superior (proveyendo el mobiliario y equipos necesarios, así como la capacitación a sus responsables), a la adquisición de escritorios, escudos, crucifijos y materiales de oficina y bibliográficos para los jueces de paz. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, no hubo un adecuado diagnóstico inicial sobre las necesidades de las jueces y juezas de paz, lo que motivó que no siempre se utilizaran esos recursos de la forma que mejor los beneficiara. Esto no notó con mayor claridad en la distribución de muebles y materiales a los juzgados de paz.[1]
Por otro lado, en el presupuesto del Poder Judicial del presente año, se incluyeron partidas destinadas al fortalecimiento de la Justicia de Paz. El monto supera los 21 millones de nuevos soles, y según la Gerencia General del Poder Judicial, se destinarían a Personal y obligaciones (1 millón 776 mil nuevos soles), bienes y servicios (13 millones 408 mil nuevos soles) y adquisición de activos no financieros (6 millones 81 mil nuevos soles).[2]
El aporte que realizó el proyecto JUSPER, así como el actual presupuesto destinado a la Justicia de Paz, revelan que estos últimos años se ha contado, como nunca antes en la historia, con fondos considerables para reforzar esta importante instancia de justicia. ¿Se puede, entonces, decir que se ha avanzado? No de una manera adecuada, pues JUSPER enfatizó la implementación material de las ODAJUP y los juzgados de paz, la actualización de información (lo que queda como un recurso potencial) y en capacitar a personal que en buena medida ha ido cambiando. Es decir, lo avanzado no ha tenido incidencia directa en el funcionamiento habitual de los juzgados de paz, donde se sigue trabajando con las mismas dificultades de siempre. Por otro lado, para ejecutar el presupuesto de este año ha habido diversas limitaciones burocráticas, que a la vez se limitado más por la debilidad institucional de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) y las ODAJUP, que aún no cuentan con el soporte institucional necesario.
En estas condiciones, aún no se ha avanzado en una adecuada metodología para capacitación de los jueces de paz, el actual plan de capacitación todavía adolece de esto, tampoco se ha avanzado en apoyar a los jueces de paz en quejas y denuncias que reciben.
¿Tiene responsabilidad en este punto el Poder Ejecutivo? Definitivamente, recordemos que ha sido el Ministerio de Justicia una de las instituciones beneficiarias de los aportes del Proyecto JUSPER, según el Decreto de Urgencia Nº 016-2006. Por lo que el Poder Ejecutivo tuvo participación directa en este tema.
Por otro lado, debe tomarse en cuenta que si bien han existido trabas burocráticas en la ejecución del presupuesto, no debería haber un retroceso en la asignación de fondos para la justicia de paz. Esto es en gran medida responsabilidad del propio Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo tiene incidencia en tanto debe dar facilidades para la asignación de estos fondos en la elaboración de la Ley de Presupuesto del Sector Público en los años venideros, sin que se produzcan recortes.
Así entramos a ver la intervención del Poder Legislativo en materia de justicia. Primero porque debe también facilitar esta asignación de recursos al aprobar la ley de presupuesto.
Pero debe también comentarse que el año 2009 se frustró la elaboración de una ley general que regulase la justicia de paz, principalmente debido a los vaivenes políticos que afectaban a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, lo que mantuvo a este proyecto (que ya contaba con un predictamen de adecuada calidad), en una larga espera hasta finalmente ser olvidado. Esta ley hubiera permitido eliminar varios desperfectos de la confusa regulación actual, que terminan debilitando a la justicia de paz, y se pudo haber establecido deberes más claros de parte de otras instituciones del sistema de justicia para cumplir con brindarle el apoyo necesario, así como fortalecer las oficinas de apoyo a la justicia de paz, las cuales, creemos, tal como ha propuesto desde hace varios años el IDL, deben consolidarse necesariamente.
Así, ¿qué debería hacer el Poder Ejecutivo por la justicia de paz este último año del gobierno aprista? Debería promover el mantenimiento del presupuesto destinado a esta instancia, promover mejoras normativas, articular a las diversas instituciones del sistema de justicia para coordinen adecuadamente con la justicia de paz y respeten su carácter jurisdiccional.
El Estado se apoya en la justicia de paz no solo para administrar justicia, sino para asegurarle una presencia amplia y legítima en todo el país. Esto no debería perderse de vista pues su fortalecimiento resulta de trascendental importancia.
(Aníbal Gálvez Rivas)
[1] Véase “La Justicia de Paz durante el 2008”. En: Equipo Profesional de Justicia Viva. Balance de la Justicia en el 2008. Hay cambios y cambios… y sin reforma. Lima, diciembre de 2008, pp. 62-62. Disponible en Internet: http://www.justiciaviva.org.pe/documentos_trabajo/doc22_balance.pdf.
[2] Oficio Nº 005-2010-SG-GG-PJ, del 20 de enero de 2010, en respuesta a solicitud de acceso a información pública.PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA
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