Aunque aún no estamos, ciertamente, ante un proceso convocante y articulado de diagnóstico y propuestas para una reforma integral del sistema de justicia (como fue la CERIAJUS), resulta importante presentar este conjunto de propuestas y animar su debate.
Por parte del Estado, destacan las iniciativas del Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. Desde la sociedad civil debe mencionarse la agenda sobre derechos humanos planteada a los candidatos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las propuestas para todo el sistema de justicia que presenta el Programa Justicia Viva a través de su nueva publicación La reforma judicial pendiente. Hoja de ruta.
El Presidente del Poder Judicial solicitó al Congreso de la República el debate y aprobación de cinco proyectos de ley. El primero plantea la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas con el fin de agilizar los procesos judiciales. El Segundo busca compatibilizar las normas sobre corrupción a lo establecido por la Convención contra la corrupción y fijar criterios sobre los denominados delitos “de bagatela” cometidos contra el patrimonio del Estado. El tercer proyecto establece que la labor de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional del Poder Judicial (CEPJ) y de los consejos ejecutivos distritales se realice a dedicación exclusiva pues sus miembros intervienen en el ámbito jurisdiccional al dirimir discordias, lo que dificulta su función. El cuarto proyecto transfiere los centros de rehabilitación, actualmente dependientes del Poder Judicial, a la competencia del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Finalmente, el quinto proyecto propone modificar el monto de los bonos por función jurisdiccional establecidos por la Ley de Presupuesto Público para el año 2011 con el objetivo de mejorar las remuneraciones de los servidores judiciales.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, ha planteado al Poder Judicial 18 puntos para mejorar el acceso a la justicia de la ciudadanía. Entre estos destacan: a) acelerar los procesos en materia previsional, pues existen más de 9 mil procesos sin resolver en la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria; b) Fortalecer el juzgamiento de violaciones a derechos humanos, indicando que solo 23 de los 194 casos graves supervisados por la Defensoría desde el 2004 han obtenido sentencia (en mayoría absolutorias); c) Mejorar la respuesta judicial en procesos derivados de la conflictividad social, la violencia sexual contra menores de edad y violencia contra la mujer; y d) Incrementar el número de juzgados de paz letrados en comisarías pues solo existen 5 en Lima y 16 en todo el país.
Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos planteó una agenda de 11 puntos para los candidatos a la presidencia, de los cuales cinco se relacionan al sistema de justicia. Una de ellas (la octava) tiene que ver, precisamente con solicitar su compromiso para retomar y reimpulsar las reformas institucionales democráticas, entre ellas la del sistema de justicia. Tres de sus propuestas (la primera, cuarta y quinta) tienen que ver con la judicialización de graves casos de violación de derechos humanos, ocurridos durante el conflicto armado interno demandando: a) compromiso para evitar medidas que favorezcan la impunidad en estos casos, especialmente cualquier intento de indultar al ex presidente Alberto Fujimori; b) Aclarar ante la opinión pública que no existe persecución judicial contra militares y policías en materia de derechos humanos, sino procesos judiciales contra un número reducido de militares y policías por graves violaciones a estos derechos; c) requieran voluntad del Ministerio Público y el Poder Judicial para juzgar las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno y durante el actual gobierno. Finalmente, solicitan el compromiso de los candidatos para revisar y corregir el marco normativo establecido por los decretos 1094, 1095 y 1096, que criminalizan la protesta y configuran la justicia militar policial en contra de la Constitución.
Finalmente, el Programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal ha publicado recientemente La reforma judicial pendiente. Hoja de ruta. Esta nueva publicación es el esfuerzo de propuesta más integral actualmente planteado. En efecto, se analizan 60 problemas diversos y prioritarios del sistema de justicia, planteando una propuesta para cada uno. El documento se divide en ocho ejes temáticos: a) Fortalecimiento del sistema de justicia (presupuesto y transparencia); b) Defensa de los derechos humanos; c) Acceso a la justicia (defensa pública, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, justicia de paz, justicia comunal, propuestas sobre diversidad cultural y protección de mujeres frente a la violencia); d) Fortalecimiento de la justicia constitucional; e) Políticas anticorrupción en justicia; f) Factor humano en el sistema de justicia; g) Justicia Penal; y h) Justicia Militar y Policial.
Como puede apreciarse, las propuestas contenidas en La reforma judicial pendiente están dirigidas a distintos sectores del Estado, a diferencia de las otras propuestas, que están dirigidas básicamente al Poder Legislativo, al Poder Judicial o a los candidatos presidenciales. Esto se debe a la convicción de que los problemas que agobian al sistema de justicia requiere deben ser afrontados de manera integral y con el concurso amplio de las diversas instituciones estatales y de la sociedad civil.
Las propuestas, en general, se refieren a cambios normativos o a políticas jurisdiccionales específicas. En el caso de Justicia Viva se realizan ambos tipos de propuestas. En el caso de las propuestas normativas se sugieren una serie de documentos que pueden servir de base para el debate de estas reformas, los que pueden ser encontrados en la sección de anexos.
En vista de que existe una preocupación de diversos sectores por mejorar la justicia (y varios puntos comunes como los derechos humanos, corrupción, acceso a la justicia), deberían surgir espacios de encuentro para intercambiar y debatir propuestas, generar compromisos y apoyar cambios. Por lo pronto, la Defensora del Pueblo y el Presidente del Poder Judicial anunciaron que se generaría un equipo de coordinación permanente entre ambas entidades. Ojalá esta iniciativa logre institucionalizarse, ampliarse a otros sectores del Estado y se incluya a la sociedad civil.
Publicado originalmente en Justicia Viva:
No hay comentarios:
Publicar un comentario