Años atrás, el Cardenal Cipriani se trazó el objetivo de intervenir la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
En 1997, cuando aún era Obispo de Ayacucho, sostuvo ante un programa de televisión que, hasta el gobierno militar de la década del setenta, la PUCP había dependido de la iglesia a través su Canciller, entonces el Cardenal Landázuri, pero “por un pequeño remezón del señor Velasco, resulta que la iglesia se quedó sin universidad” (min. 1:58). Y marcó una prioridad en su agenda: “creo que es una tarea primordial, hoy por hoy, recuperar la universidad pontificia: no como propiedad, hay muchos mecanismos” (2:14).
En efecto, parecen haber varios mecanismos y el Cardenal, ahora Arzobispo de Lima y por tanto Gran Canciller de la PUCP, no ha dudado en ponerlos en marcha. Eso sí, como son contradictorios, los ha defendido separadamente según la conveniencia del momento. Pero siempre los ha presionado y manipulado.
El cardenal AA
Durante un tiempo, el Cardenal Cipriani actuó como el Arzobispo-Albacea. Es decir, planteaba como su obligación moral exigir el cumplimiento de los testamentos de José de la Riva-Agüero. Según decía, no le interesaba influir en la vida de la universidad, solo hacer que se cumpla la voluntad de Riva-Agüero. Aunque velar por el Derecho de sucesiones no es función de un Arzobispo, quedaba clara su aceptación de las leyes peruanas.
El papel de Arzobispo-Albacea lo desempeñó con bastante vehemencia y, de la mano de abogados dispuestos a todo, logró resultados que desencajan la lógica de cualquier estudiante de primer ciclo de Derecho. Logró, por ejemplo: a) que en abril de 2010 el Tribunal Constitucional (TC) se avocara a una causa pendiente en el Poder Judicial (PJ) al analizar los testamentos de Riva-Agüero y violando el artículo 139°, inciso 2 de la Constitución que debe defender; b) que en julio de 2010 los presidentes del Poder Judicial y la Corte de Lima firmaran un comunicado público para desagraviarlo, presionando para que se resuelva su caso; y c) que se inscriba ante registros públicos la sentencia del TC, a pesar de que no contiene ningún mandato, para que no se puedan celebrar contratos sobre los bienes de la PUCP: ¡se inscribieron los considerandos!; entre otras hazañas procesales.
Pero no solo sus abogados llevaron al límite las leyes peruanas, trastocándolas, sino que el Cardenal ha venido haciendo lo propio con las leyes de Dios: ha mentido públicamente, faltando al octavo mandamiento, a fin de confundir a la ciudadanía sobre la situación legal de la PUCP y su interés de intervenir en la vida de la universidad, incluyendo el manejo económico y académico, tal como hemos analizado anteriormente.
De albacea a tramitador de estatutos
En las últimas semanas, el Cardenal Cipriani mostró una estrategia distinta. El énfasis ya no está en exigir que se cumplan los testamentos de acuerdo al Derecho Civil, es decir, ya no se debate en torno a las normas de la propiedad privada del ordenamiento peruano. Ahora se afirma que, en realidad, toda la PUCP (lo que incluye todos sus bienes) es de la Iglesia Católica, y por lo tanto sus propiedades se rigen por el Derecho Eclesiástico que se dicta desde el Vaticano.
No solo eso. El Cardenal quiere que, ahora sí, la universidad dependa de él. Por eso ha inventado un mundo en el que, dice, el rector de toda universidad católica es elegido por el Gran Canciller y que así debe ser en la PUCP (o sea, elegido por él).
Todo esto se ha dado en el marco en el que la PUCP ha presentado sus estatutos al Vaticano, para gestionar su adecuación a la Ex Corde Ecclesiae, una constitución apostólica aprobada por el Papa Juan Pablo II, en 1990, para las universidades católicas.
El 18 de julio pasado, el rector de la PUCP recibió una carta enviada por nuestro Arzobispo, quien además de bendecirlo le indicaba que la Congregación para la Educación Católica, con sede en el Vaticano, ordenaba la modificación de los estatutos en diversos puntos para adecuarse a la Ex Corde Ecclesiae.
El problema es que nuevamente el Cardenal Cipriani ha faltado al octavo mandamiento y lo ha hecho a través de una intensa plataforma mediática. Se ha referido a varios aspectos, pero creemos pertinente referirnos a los cuatro más importantes:
a) Se ha afirmado que lo comunicado por la Congregación para la Educación Católica es una orden de modificar los estatutos. Esto es falso. Se trata de una recomendación. El documento remitido al rectorado es una carta del Cardenal Cipriani que adjunta las propuestas llegadas desde Roma (aunque impresas en papel del Arzobispado de Lima). El detalle está en que la indicación de que es una orden solo consta en la carta del cardenal, mientras que el anexo no dice eso, sino que presenta propuestas.
b) Se ha afirmado que el rector de la PUCP debe ser escogido por el Gran Canciller a partir de una terna que le presenta la asamblea universitaria. El problema es, en primer lugar, que a pesar de lo que sostiene el Cardenal Cipriani esto no está estipulado en ninguna parte de la Ex Corde Ecclesiae, es decir, se trata de un planteamiento que el Vaticano no exige a las universidades católicas. En segundo lugar, esto atentaría contra la Ley Universitaria (Ley N° 23733), cuyo artículo 29, literal b) establece que la elección del Rector es potestad de la Asamblea.
c) Se ha afirmado que los bienes de la PUCP no son propiedad privada, sino que al ser una persona jurídica de derecho canónico, son de propiedad de la iglesia y se rigen por el código canónico. Esto es también falso. Según el artículo 19 del Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, aprobado por Decreto Ley N° 23211, los centros educativos que puede establecer la Iglesia en el Perú se rigen “se conformidad a la legislación nacional”. Es decir, es decir las leyes aplicables para la propiedad de la PUCP son las peruanas, el Cardenal Cipriani no puede ir contra lo acordado entre el Vaticano y el Perú. Por otro lado, debe remarcarse que la PUCP nunca fue propiedad de la iglesia católica pues no fue fundada como un ente dependiente de esta o con su patrimonio, sino como asociación civil (bajo un régimen privado) impulsada por sacerdotes y laicos. Pero incluso aunque resultasen aplicables las normas del Código Canónico, igual los bienes seguirían siendo de la PUCP, porque “solo los bienes pertenecientes a las personas públicas en la iglesia son bienes eclesiásticos, mientras que los bienes de las personas jurídicas privadas (como la PUCP) pertenecen a la institución fundadora y se rigen por sus propios estatutos”.
d) Se ha dicho que está en juego la identidad católica de la PUCP, y se ha llegado incluso a decir la universidad ya no podría usar el título de Pontificia ni denominarse Católica. Estas son también mentiras. La PUCP ha conservado su identidad católica, pero ahora no mantiene una perspectiva cerrada y ultra conservadora, como preferiría el Cardenal, sino una mirada más abierta que no renuncia a su fe, pero busca la verdad, y es capaz de dialogar incluso con quienes siguen otra religión. Cualquier persona que haya estudiado en la PUCP sabe que se deben llevar cursos obligatorios de teología en los estudios generales, que existe un Departamento de Teología, que se cuenta con un muy activo Centro de Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU) y que existen representantes de la iglesia en la asamblea. Quienes no son católicos y han estudiado en la PUCP saben que deben respetar eso, y saben también que su fe no ha sido cuestionada sino admitida en un ambiente de diálogo y respeto a la pluralidad.
Por otro lado la denominación de Pontificia es un título honorífico otorgado por el Vaticano cuando la universidad cumplió 25 años. Ese título “no convierte a la PUCP en persona de derecho público canónico pues este está reservado solo a las universidades fundadas por la autoridad eclesiástica”. No existe razón para que tal título fuera retirado pues se cumple con la Ex Corde Ecclesiae, pero aunque eso llegara a ocurrir, su identidad no cambiaría: la universidad nació sin ese título inicial y solo cambiaría eso. En cambio, sobre la denominación de Católica, esta no puede ser retirada pues es parte del nombre original, además que esta denominación no es determinante en la identidad católica de las universidades pues existen en el mundo centros universitarios católicos cuyas denominaciones no incluyen este término, como puede observarse en la web de la Federación Internacional de Universidades Católicas.
En conclusión, el Cardenal Cipriani parece haber incorporado a su catecismo la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. No se entiende, de otra forma, que se haya recurrido en diversas oportunidades a varias mentiras articuladas para intentar intervenir en la PUCP.
Sin duda, los católicos debemos respetar a nuestros sacerdotes. Pero, desafortunadamente, hay situaciones en las que su actuación merece ser rechazada y criticada, basta como ejemplo recordar los numerosos casos de pedofilia que fueron denunciados a nivel mundial en los últimos años. ¿Alguien podía aceptarlos por el hecho de tratarse de sacerdotes? Pues bien, guardando las distancias, la actuación del Cardenal Cipriani en la controversia con la PUCP es otra de esas situaciones en las que su conducta debe rechazarse de plano.
PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA
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