Concluyó el III Congreso sobre Justicia Intercultural organizado por el Poder Judicial: ¿cómo van las cosas?

Al César lo que es del César

Sería mezquino no reconocer que el Poder Judicial, desde hace algunos años, está atravesando un proceso de apertura hacia la interculturalidad y de preocupación por el acceso a la justicia en nuestro país.

El III Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, llevado a cabo entre el 27 y 30 de noviembre pasado en la ciudad de Huaraz, es la última manifestación de dicho proceso que, con sus aciertos y desatinos, parece “irreversible” como afirmó el presidente de este poder del estado, doctor César San Martín Castro, en su discurso de inauguración (ojalá no se equivoque).

Creemos que estos congresos tienen dos virtudes fundamentales. Por un lado, cada edición de este certamen se ha presentado como espacio óptimo para que las altas autoridades del Poder Judicial renueven públicamente su compromiso a favor de reconocer los derechos de los pueblos indígenas (al margen de la forma que asuman: comunidades campesinas, nativas o rondas campesinas), en especial su derecho a administrar justicia conforme a su derecho propio y sus tradiciones culturales. Por otro lado, estos cónclaves han generado experiencias de diálogo entre jueces formales de todo el país y autoridades de la justicia comunal y justicia de paz, a través de las mesas que los agrupaban con ese fin.

Estos congresos no fueron el inicio de la preocupación judicial por el tema. Ya en años anteriores, se podía apreciar positivamente varios esfuerzos del Poder Judicial, como la creación de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) en el 2004 y su articulación con oficinas en cada distrito judicial (ODAJUP), el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema en el 2009, que reconoce facultades jurisdiccionales a las rondas campesinas y que había sido antecedido por acuerdos plenarios de algunas cortes superiores; así como la asignación de presupuesto institucional para la justicia de paz por primera vez en la historia (2010). En ese sentido, el primer congreso de La Merced, y el segundo de Cajamarca, realizados a fines del año pasado (septiembre y diciembre respectivamente), eran consecuencia de los esfuerzos previos y reforzaban la tendencia. Pero el hecho de que la materia siguiera en agenda durante este año, ya con un nuevo Presidente del Poder Judicial, confirmó que estábamos ante un proceso de cambio institucional.

Visto de este modo, es interesante notar que los dos primeros congresos dejaron un contexto favorable para que este año el Poder Judicial continuara transitando el fatigoso (pero satisfactorio) camino del reconocimiento de la interculturalidad en la justicia. Por ello el 2 de enero se publicó la Resolución Administrativa 417-2010-CE-PJ que atendiendo a la recomendación del congreso de Cajamarca, dispone que la ONAJUP, con el apoyo de las ODAJUP “proceda a desarrollar las coordinaciones respectivas entre la jurisdicción estatal, comunal y ronderil” y que la Gerencia General del Poder Judicial proporcione los recursos humanos y logísticos necesarios.[1] Además, en mayo se creó la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz, que elaboró un proyecto de ley sobre cada una de estas materias, tomando nota de las opiniones de los actores involucrados en eventos macrorregionales. Ambos proyectos ya fueron presentados al Congreso de la República:  el de Justicia de Paz ya fue aprobado y está a la espera de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Ahora este nuevo congreso deja sembrados ciertos desafíos para el Poder Judicial, que seguramente emprenderá en los próximos meses. Entre estos, destacan en la Declaración de Huaraz: a) la necesidad de desarrollar un protocolo de gestión a aplicarse en la justicia ordinaria para casos de miembros de comunidades campesinas, nativas y rondas; b) la implementación de acciones de sensibilización y capacitación para que los jueces a nivel nacional conozcan y apliquen el marco jurídico que reconoce la jurisdicción especial indígena; y c) la necesidad de que participen activamente en el desarrollo de una política de justicia intercultural el Ministerio Púbico, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional.

Hay que aprender de los errores

Si bien es imperativo reconocer lo positivo, también lo es identificar errores, con el fin de mejorar. Los procesos de cambio no necesariamente son lineales, puede haber retrocesos, contradicciones, etc. Al momento de ejecutar este congreso, se cometieron algunas equivocaciones y es importante que el doctor Darío Palacios, presidente de las comisiones organizadoras de los tres congresos, procure corregirlos con el fin de que los próximos eventos de este tipo logren al máximo sus objetivos.

Para empezar, en este congreso se observó mucha menor participación de autoridades comunales y jueces de paz que en Cajamarca: no superaban la cuarta parte del total de participantes, por lo que había un notorio desbalance que se hacía más evidente en las mesas de debate. Igualmente en la selección de expositores, de un total de 11 apenas 3 fueron representantes de organizaciones indígenas o ronderas, mientras que la mayoría eran investigadores, aunque este último punto fue similar en los congresos anteriores (no hubo retroceso). La poca asistencia de representantes comunales y justicia de paz, así como el poco espacio para que expongan sus saberes, pone de manifiesto que todavía se tiene que avanzar más para lograr un equilibrio en las visiones que deben entrar en diálogo.

Por otro lado, en los tres congresos se ha notado un mal manejo de aspectos simbólicos que resultan importantes para remarcar el respeto y la valoración positiva de la diversidad cultural en la justicia, dejando la sensación de que hubo actitudes discriminatorias, pese a ser congresos sobre interculturalidad. Así, desde el congreso de La Merced se acostumbra preparar mesas de honor para la inauguración, donde se sientan autoridades judiciales de alto nivel (principalmente vocales supremos) que en ese momento se convierten en coleccionistas de condecoraciones que les entregan las autoridades estatales locales. Pero no se suele sentar en las mismas mesas a representantes comunales ni se prevé reconocerlos. En Cajamarca se intentó cambiar esta situación en plena realización del evento y, pese a no haber estado previsto originalmente, se buscó remediar esto y se otorgó un reconocimiento al señor Régulo Oblitas, legendario campesino chotano fundador de la primera ronda campesina, en el ya lejano 1976. El reconocimiento fue entregado por el mismísimo presidente del Poder Judicial en funciones, doctor Javier Villa Stein. Ese fue sin duda un hecho histórico memorable, y fue notable el esfuerzo que hizo la comisión organizadora por corregir su actitud inicial.

Pero parece que la memoria es frágil en la comisión organizadora. Aunque en esta oportunidad se invitó a don Régulo Oblitas a estar sentado en la mesa de honor de la inauguración, fue muy evidente que luego de más media hora de condecoraciones para el actual Presidente del Poder Judicial, vocales supremos y el Presidente de la Comisión Organizadora, el único que no llegó a pararse para recibir algún diploma fue, precisamente, don Régulo. Esto generó cierto descontento, por lo cual cuando el juez Fernando Bazán mencionó el martes 29 que para el fundador de las rondas debía ser más importante el cariño de su gente que cualquier diploma o medalla entregada por el Estado, el auditorio se cargó de aplausos. La comisión nuevamente buscó remediar su actitud y esta vez nos abordó una sensación de déjà vu: el presidente de la comisión organizadora, al finalizar el martes, leyó una resolución que él mismo había suscrito reconociendo la trayectoria de don Régulo, y el doctor Javier Villa Stein, que había llegado ese día en calidad de vocal supremo y ex presidente del Poder Judicial, le volvió a entregar la condecoración.

Esto reflejó nuevamente la intención de corregir el error en la comisión organizadora. Pero es difícil entender cómo es que está ocurriendo este mismo error de manera reiterada, por lo que ahora parecía más bien ser una salida para no perjudiciar la buena imagen ganada. En efecto, congratular a don Régulo en ese momento parecía una necesidad porque la situación se había salido de las manos. Creemos que las cosas debieron ser diferentes. Naturalmente, el tema de los reconocimientos a los líderes comunales se debió organizar con mayor anticipación, para no tener que hacerlo por compromiso. Pero además, habiéndose previsto con tiempo, no hubiera sido necesario volver a condecorar a don Régulo y dejar de lado a otros líderes. Y es que, pese a nuestra admiración por el iniciador de las rondas, creemos que también se debe brindar un reconocimiento a tantos otros líderes campesinos e indígenas del país. En esta oportunidad participaron varios líderes comunales, como por ejemplo el señor Lauriano Saldaña, presidente de la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAM), o el señor Segundo Rojas Zamora, actual presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), entre otros, y bien pudieron ser también ellos los destinatarios de las resoluciones oficiales de reconocimiento.

En esa misma línea, el día de la clausura del evento, el presidente de la comisión organizadora entregó recuerdos del evento, así como ponchos y sombreros típicos de la zona, a alrededor de una quincena de autoridades judiciales y miembros de la comisión organizadora, mientras que solo dos autoridades comunales recibieron este gesto. Y lo simbólico además se manifestó por el hecho de que, mientras el presidente colocó las prendas a cada personaje como señal de trato cálido, a los líderes comunales apenas se les entregó en la mano.

Por otro lado, los avances metodológicos no parecen haberse asimilado en esta ocasión, especialmente en las mesas de debate. Parecía la primera vez que se realizaban. Eso fue un poco extraño. Desde el primer congreso, los programas han incluido ponencias por parte de especialistas e investigadores durante la mañana de cada día, mientras que las tardes se destinaban a agrupar a todos los asistentes en mesas de unas 15 personas, de distintas procedencias geográficas y representantes tanto de la justicia formal, la comunal y la de paz. Siempre se ha esperado que los participantes de estas mesas pudieran intercambiar experiencias y opiniones en base a un conjunto de preguntas previamente establecidas por cada eje temático del evento. Sin duda es una buena idea y es muy relevante porque genera espacios de diálogo, que se esperan interculturales. Aunque algunas ONG y cortes superiores habían realizado experiencias de este tipo, los congresos han permitido ampliar la cantidad de gente que entra en diálogo, así como la participación de personas de todo el país.

¿Por qué afirmamos que hubo un retroceso en este punto? Porque con los congresos anteriores se había aprendido que es mejor que los miembros de cada mesa escojan a sus propios coordinadores y secretarios, que debe evitarse que las magistrados del Poder Judicial monopolicen esas funciones porque a veces filtran las críticas, que las actas deben reflejar las distintas experiencias relatadas y no solo lo que se apruebe por votación (como si la realidad dependiera de una votación). Pero en este congreso los coordinadores y secretarios ya estaban previamente designados por la Comisión Organizadora, en muchos casos los coordinadores eran magistrados provenientes de Lima sin experiencia previa sobre justicia comunal, además que inicialmente predominaba la idea de votar conclusiones grupales. Pero además, difícilmente coincidían magistrados y autoridades comunales de una misma zona del país por lo que muchos terminaban escuchando experiencias que les resultaban lejanas. Por cuestiones como esta creemos que las mesas de debate no llegaban a producir la riqueza de debate y de información que hubiera sido ideal. Este es un punto que debe ser evaluado para futuros eventos porque limita la capacidad de generar diálogos interculturales.

En conclusión, consideramos que la organización de este congreso refleja que el Poder Judicial está trazándose un buen camino, pero que para recorrerlo de manera menos accidentada debe tomarse un tiempo para evaluar lo realizado: los corredores profesionales saben incluso como debe ser cada pisada. No es malo cometer errores, pero es muy importante saber aprender de ellos.

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* Programa de Pueblos Indígenas y Conflictos Sociales del Instituto de Defensa Legal.
[1] En la inauguración de este tercer congreso, el doctor San Martín anunció que está trabajando en la institucionalización de un órgano propio del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como es una oficina nacional que se ocupe de la justicia intercultural. Aunque no queda clara la relación con la actual ONAJUP, a la que se le atribuyó las funciones de coordinación hace casi un año, el anuncio parece indicar el esfuerzo por generar mayor presencia institucional dentro del Poder Judicial para trabajar esta materia.


PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA Y EN JUSTICIA EN LOS ANDES