A raíz de las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 3 de noviembre, solicitadas por diversas organizaciones[1], el gobierno habría cambiado de postura sobre la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). En consecuencia, el Presidente del Consejo de Ministros anunció el pasado martes 10 que se retiraría el pedido de disolución ante el Ministerio Público.
Avancemos por partes para entender mejor el gradual cambio de postura del gobierno (ver: cronología).
Hasta el mismo día de las audiencias, el gobierno mostraba una posición dura hacia las organizaciones indígenas, así como contra las ONG y medios de comunicación que criticaban su actuación en los hechos ocurridos en Bagua el 5 de junio.
Es por ello que el 22 de octubre, los representantes de la AIDESEP denunciaron públicamente haber sido notificados por el Ministerio Público de la solicitud del Ministerio de Justicia de disolución. Ya acercándose el día de las audiencias la tensión aumentó: desde el gobierno se dijo que en la CIDH demostrarían que habían sido injuriados, y a la vez las organizaciones indígenas exigieron que cese la persecución a sus instituciones y líderes, planteando el 12 de noviembre como plazo para el retiro de éstos actos.
Llegó el día de las audiencias y el gobierno mostró la misma postura rígida en su primera intervención, el Ministro de Justicia, Aurelio Pastor, denunciaba ante los comisionados de la CIDH que existía una "malévola campaña de desinformación" sobre la protesta indígena que desprestigiaba al Perú internacionalmente.
Sin embargo, en las audiencias, los comisionados preguntaron sobre el pedido de disolución de AIDESEP. El Ministro Pastor contestó que ese pedido fue planteado por la Ministra de Justicia anterior, y antes de que se establecieran las mesas de diálogo, por lo cual no podía ser visto como un intento por desbaratar los espacios de concertación que se abrían. Naturalmente, esta respuesta tenía un carácter evasivo. Por ello, el comisionado Víctor Abramovich preguntó si era viable que ahora el Ministerio de Justicia retirara esa solicitud. La representante de la delegación peruana que abordó el tema señaló que desde que se había presentado esa solicitud en junio, el Ministerio de Justicia no había impulsado esa medida sino que estaba en manos del Ministerio Público, pero que al regresar a Lima evaluarían esa situación e informarían a la CIDH oportunamente.
En este punto la postura del gobierno empieza a cambiar. A pesar del traspié mencionado, luego de las audiencias el Ministro Pastor declaró a la prensa que el Perú había demostrado ante la CIDH ser respetuoso de los derechos humanos. Naturalmente no mencionó el tema de la disolución de AIDESEP. El primer cambio consistió en dejar el tono confrontador: según el gobierno el Perú no había demostrado haber sido injuriado (como se había anticipado) sino ser respetuoso de los derechos humanos.
Apenas un día después de la audiencia, el 4 de noviembre, el gobierno se alejó más de su tono confrontador y empezó a mostrar una postura conciliadora: El Ministro Pastor señaló que el gobierno busca tender puentes de comunicación con las comunidades nativas, señalando que “Después de lo que ha ocurrido en Bagua, nuestro principal interés es tender puentes de comunicación. El país no puede enfrentar permanentemente a peruanos contra peruanos”. Al día siguiente, hubo otro cambio pues esta nueva actitud se concretó en el caso de AIDESEP: el Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, anunció que el gobierno evaluaba quitar el recurso presentado.
Ya acostumbrados a los cambios diarios, se tuvo que esperar cinco días más para otro avance: el 10 de noviembre el Primer Ministro anunció que el gobierno había acordado retirar la solicitud de disolución, con al finalidad de allanar el camino de la mesa de diálogo.
Debemos saludar esta medida del gobierno que, sin duda, es reflejo del impacto de las audiencias sostenidas ante la CIDH –de ahí la importancia de éstas−, y de la perseverancia de las organizaciones indígenas. En efecto, hasta la fecha de las audiencias, el gobierno se mostraba muy duro con las organizaciones indígenas y no había la menor señal de retirar la solicitud de disolución de la AIDESEP. Después de las audiencias la postura del gobierno sobre este tema fue mejorando gradualmente, y el retiro de la solicitud fue cercano al plazo planteado por las organizaciones indígenas para el cese de la persecución.
Naturalmente, todavía queda mucho por hacer. Todavía falta que se agilicen las investigaciones, respetando las garantías del debido proceso. Además, claro, que el anuncio del gobierno del retiro de la solicitud se concrete. Estaremos atentos a lo que ocurra.
[1] Nos referimos a la audiencia sobre “Derecho a la libertad de expresión en Perú”, solicitada por el Instituto de Defensa Legal, y la referente a “Derecho a la consulta de los pueblos indígenas de Perú”, solicitada por Instituto de Defensa Legal, la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle. Pueden leerse, en este mismo portal, comentarios sobre cada una de las audiencias: “Libertad de expresión en Perú ante la CIDH: El doble estándar y la aplicación selectiva de los controles gubernamentales” y “El problema del derecho a la consulta en el Perú es visto por la CIDH”.
PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA
PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA
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