Presentación

jueves, 24 de marzo de 2011

¿Por dónde va el Poder Judicial? Su presidente responde…

En el marco del Encuentro Nacional Tiempos de afirmación democrática, organizado por Ideeleradio la semana pasada, el Presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, expuso y dialogó con periodistas de todo el país sobre los avances en su gestión. En esta oportunidad presentaremos algunos puntos significativos planteados en su intervención
Antes de revisar los anuncios e informes específicos, nos parece pertinente señalar que la gestión de San Martín parece caracterizarse por: a) la preocupación por convocar y cooperar con las demás instituciones estatales vinculadas al sistema de justicia, así como la sociedad civil, a fin de realizar esfuerzos conjuntos para mejorar la administración de justicia en el país; y b) el esfuerzo por cumplir de manera ordenada los compromisos asumidos al iniciar su gestión, plasmados en su discurso de inauguración del presente año judicial. Ambas características están muy relacionadas, pues la apertura del Poder Judicial para trabajar coordinadamente ya había sido anunciada en el discurso de San Martín a inicios de año, como comentamos oportunamente.

Al asumir la presidencia del Poder Judicial San Martín planteó que su gestión se concentraría en cuatro ejes temáticos: a) posicionamiento institucional de la Corte Suprema y de la Presidencia del Poder Judicial, b) fortalecimiento de la gestión institucional, c) mejoramiento del acceso a la justicia, y d) lucha contra la corrupción y la promoción de la ética en las labores de impartición de justicia. En su presentación de la semana pasada, el presidente de este poder del Estado explicó los avances para cada uno de estos ejes.

Sobre el primer eje (posicionamiento institucional de la Corte Suprema y la Presidencia del Poder Judicial), resaltó que actualmente se está trabajando en un proceso de elaboración de presupuesto por resultados. Indicó que debido a que el Poder Judicial no ha contado con un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, esto le ha impedido sostener una línea de crecimiento y mantener un diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que se busca es asegurar la autonomía económica del Poder Judicial.

Por otro lado, señaló que se ha conformado una comisión de juristas y jueces para fortalecer la línea jurisprudencial de la Corte Suprema. Señaló que es necesario modificar el sistema de recursos en la suprema, promoviendo el certiorari y un sistema de precedentes obligatorios, una cultura del precedente.

Sobre el segundo eje (fortalecimiento de la gestión institucional), señaló que su gestión busca crear unidades ejecutoras en las cortes superiores para que estas tengan mayor autonomía en su funcionamiento. Para este año, anunció que ya se han creado unidades ejecutoras en cinco cortes grandes, entre las que se incluye a Lima, Lambayeque, La Libertad y Cusco.

Asimismo, señaló que se busca profesionalizar la gerencia en el Poder Judicial, tanto en las cortes superiores como en la Suprema. Es por ello que se firmó un convenio con la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. Este convenio, celebrado el 17 de enero pasado, busca  principalmente que SERVIR proponga al Poder Judicial una lista de gerentes técnicos para las cortes superiores. Según indicó San Martín, se ha tomado esta medida debido a que en los presupuestos por resultados es necesario trabajar en base a líneas técnicas, por lo cual se requieren gerentes nombrados por concurso en base a sus capacidades. Según informó, el próximo mes ya se contarían con 11 gerentes técnicos.

Por otro lado, señaló que un problema que es fuente de corrupción es el de las adquisiciones del Estado correspondientes al Poder Judicial. Por ello, informó que también se suscribió otro convenio con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a fin de profesionalizar la gerencia y la jefatura logística.

Otro convenio que fue mencionado fue el realizado con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Según se explicó, este convenio permitiría que los partes se tramiten en línea, y que en las cortes superiores existan casetas para inscribir títulos y hacer consultas registrales, lo que reducirían los tiempos de inscripción.

Asimismo, se expuso que también se ha celebrado un convenio con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). Según explicó San Martín, se busca aplicar la ley 29230 a fin de que las empresas que desarrolla infraestructura en el país puedan construir principalmente módulos de justicia, lo cual sería canjeado como pago de impuestos. Señaló San Martín que para esto los proyectos deben estar registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y que se espera que en estos dos años se pueda realizar alrededor de una treintena de obras.

Sobre el tercer eje (mejoramiento del acceso a la justicia). Resaltó que se planean realizar audiencias públicas para determinar las necesidades de cada población en el país. Asimismo, enfatizó la necesidad de reforzar la justicia de paz y la justicia comunitaria. Al respecto, señaló que uno de los problemas existentes es la ausencia de la ley de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, problema que debe ser abordado.

Sobre el cuarto eje (lucha contra la corrupción y la promoción de la ética en las labores de impartición de justicia), señaló que se requiere un sistema adecuado de información que permita a los órganos de control mayor vigilancia e intervención. Asimismo, sostuvo que la corrupción no se trata de casos aislados, sino que muchas veces se trata de redes de corrupción que funcionan en distintos niveles. Por ello, señaló que se necesita que el presidente de la corte suprema pueda intervenir en las cortes superiores en casos graves. Esto último, recién en estado de propuesta, nos parece que debe ser precisado y analizado con sumo cuidado debido a que un poder de intervención podría ser peligroso a futuro si no se regula adecuadamente, por ello deberían definirse bien en qué casos podría ser admisible, con qué límites y formas de control. Solo si se tuvieran esos datos concretos se podrían opinar con mayor certeza si esta medida podría ser considerada como positiva.

Por otro lado, San Martín abordó el problema de la sobre carga judicial. Lo hizo en distintos momentos pues tiene que ver con varios ejes temáticos. En síntesis, sostuvo que aunque se crearon juzgados transitorios, estos presentan un ritmo lento de descarga. Señaló que el tema debe afrontarse en base a la mejor organización, pues no se trata de una cuestión de mayor dinero o de mayor número de juzgados, sino que es un tema de gestión. Señaló que para establecer medidas más concretas se requiere un sistema de indicadores de productividad, que permita saber cuál debería ser la productividad de los juzgados y salas en las distintas especialidades, jerarquías y zonas geográficas. Señaló que solo así se podrían tomar medidas más concretas y que por ello ya se encuentra en preparación este sistema de indicadores. Asimismo, señaló que una forma de reducir la litigiosidad de manera más rápida es coordinando con la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pues el nivel de litigiosidad de esta institución es demasiado elevado. Indicó que estableciendo pautas precisas a sus procuradores se podrían reducir una gran carga rápidamente, incluso se podrían reducir hasta 100 mil causas, señaló que por ello el Ministerio de Justicia tendría esto programado.

Finalmente, es importante resaltar que San Martín ha señalado que cuando termine el proceso electoral buscará un acercamiento con las distintas fuerzas políticas representadas en el parlamento a fin de forjar una agenda legislativa común para fortalecer el sistema de justicia. Ya anteriormente San Martín había requerido al parlamento que se aprobaran diversas iniciativas legislativas, y por lo visto esta será también otra muestra de su búsqueda de coordinación con otros poderes del Estado.

Nos parece importante que el Presidente del Poder Judicial mantenga una agenda clara de su gestión, y que se encuentre embarcado en esta iniciativa de dialogar y convocar con el resto del Estado y la sociedad, a fin de cumplir sus compromisos asumidos. Es pertinente por ello mantener un seguimiento adecuado de su gestión, que permita el análisis, la crítica y la propuesta.


PUBLICADO ORIGINALMENTE EN JUSTICIA VIVA

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