Mal con ellos, peor sin ellos: próxima audiencia pública sobre el rol de los abogados

Si usted es de los que no dejarían su casa bajo el cuidado de un abogado, sepa que no está solo. Hay muchas personas más que compartirán su opinión. Quizá por ello le interese participar en la audiencia pública “El abogado y su rol en el Perú”, que organiza el diario El Comercio el viernes 12 de febrero en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima.

Pero tome en cuenta que la idea no es solo ir para contar anécdotas negativas y quejarse, sino más bien realizar análisis y propuestas sobre la problemática de este sector profesional, tan esencial para la justicia (pues, aunque con deficiencias, sin abogados nos sumiríamos en un caos jurídico y social). Según la convocatoria pública, los temas que se abordarán son la formación del abogado, su rol ante la administración de justicia y su actuación frente a los retos del siglo XXI.

Es importante además considerar que esta preocupación por la profesión legal no es nueva, pero sí una necesidad recurrente. Por ello conviene recordar algunos puntos sobre la situación actual.

Gálvez Rivas, Aníbal y Aarón Verona Badajoz. «The Volunteers». Americas Quarterly (Winter 2010)

From issue: Voices from the New Generation (Winter 2010)

The Volunteers

BY 

ANÍBAL GÁLVEZ RIVAS AND RICARDO AARON VERONA BADAJOZ

Ricardo Aaron Verona Badajoz (left) and Aníbal Gálvez Rivas (right). Illustration by Kathryn Rathke.

"Young people's interest in advancing social change arises out of volunteer action, not political militancy."

Young social activists are playing a new role in Peru today. The previous generation of young Peruvians defined their priorities differently in response to the violence of the 1980s. Terrorist groups such as Sendero Luminoso and theMovimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) provoked heavy state repression, especially in the rural Andes and the Amazon. As a result, youth movements at the time focused on human rights advocacy. Young professionals created NGOs such as the Instituto de Defensa Legal (IDL) and the Asociación Pro Derechos Humanos(Aprode) and were instrumental in the subsequent creation of the NGO La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) that has served as an umbrella group for dozens of human rights NGOs.

Our national landscape has changed. Although many of those human rights advocacy groups exist to this day, new issues have appeared. The government’s focus on macroeconomic growth, to the exclusion of poverty alleviation, has given rise to new social conflicts. As a result, today’s generation is interested in economic and social development. We are focused on improving the quality of life for the most vulnerable of our fellow citizens. And our energies and concerns have led to the creation of development-oriented organizations, such as Minkando (a Lima-based organization of students and young professionals that focuses on youth and adolescent development) and Un Techo Para Mi País (an organization founded in Chile that arranges the construction of inexpensive homes for underserved communities).

Not only do the priorities of today’s generation differ from those of previous ones, so do the political and ideological circumstances.
During the 1980s, youth was more involved in politics. In Peru, those who advocated the defense of human rights generally belonged to sectors that had a more leftist inclination. There was a level of militancy endorsed by political institutions and certain sectors of the Catholic Church aimed at defending the population against state repression.
The current generation does not feel the need to be aligned to a political party or idea. It is not political affiliation that motivates their actions but the consciousness that large numbers of people in our country lack some of the basic needs of life...

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¿La independencia judicial "avanza"?: Lo que no se dijo en el discurso de apertura del año judicial 2010

Cruz Silva del Carpio y Aníbal Gálvez Rivas

El máximo representante del Poder Judicial y Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Javier Villa Stein, ha emitido el día de hoy el discurso correspondiente a la apertura del Año Judicial 2010, ante la presencia de las más altas autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y demás autoridades del sistema de justicia.

¿Por qué es tan importante este discurso de apertura? A través de él, la sociedad espera no sólo el balance de lo logrado (que por cierto, es muy importante), sino que además, pretende tomar nota de las dificultades presentadas en el logro de los fines, pasando por la autocrítica y aprovechando la oportunidad de la presencia de otras autoridades del sistema de justicia para avanzar en la reforma. Pero además de ello, el discurso de Apertura de este año judicial año es especialmente importante porque, consideramos, en él se ha de visibilizar la necesidad de empezar una ardua tarea para reforzar su independencia, sobre todo luego de un año en que las vulneraciones a este bien de la judicatura han resurgido en más de una oportunidad y en diversa magnitud. Independencia que, junto a la eficiencia en la justicia, ha de marcar la agenda en el 2010 y ser la regla con que se midan los logros en la judicatura. 

Se entregaron premios por los derechos humanos, pero aún nos falta mucho por aprender

El miércoles pasado, en la víspera del 61º aniversario de la Declaración Universal Nacional de los Derechos Humanos, se realizó la XIX Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” y el Premio Periodismo y Derechos Humanos 2009.

Este año, los galardonados fueron el fiscal Avelino Guillén, quien recibió el Premio “Ángel Escobar Jurado”, el reportero gráfico Óscar Medrano y el caricaturista político Carlos Tovar “Carlín”, quienes recibieron el Premio Periodismo y Derechos Humanos; y el antropólogo Carlos Iván Degregori.

Dime en qué gastas y te diré quién eres: buenas y malas noticias en el presupuesto del sistema de justicia para el 2010

El 27 de noviembre pasado el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, la cual trae novedades para el sistema de justicia. Una buena noticia es que, en general, el sistema de justicia se fortalecerá pues todas sus instituciones verán aumentados sus presupuestos el próximo año. Pero hay otras noticias no tan buenas: la (inconstitucional) justicia militar tendría un aumento que casi duplica su presupuesto actual (83%), y habrían menores recursos para la lucha anticorrupción.

Manual sobre el acceso a la justicia en el Perú

Manual sobre acceso a la justicia publicado por el Gobierno Regional de Cusco:

Referencia:
Gobierno Regional Cusco. Manual sobre el acceso a la justicia en el Perú. Módulo 1, para operadores de Justicia Estatal. Cusco: Gobierno Regional de Cusco, Instituto de Defensa Legal, Centro Bartolomé de Las Casas, 2009, 72 pp.

Elaboración de Contenidos:
Javier La Rosa Calle
Aníbal Gálvez Rivas
Aarón Verona Badajoz

Nuevos avances en capacitación a jueces de paz en el sur del país

Hace un par de meses comentábamos con entusiasmo la creación de la “Escuela de Justicia de Paz de Lima Norte” y el empeño de la Corte Superior de Justicia del Cusco en desarrollar políticas públicas en acceso a la justicia para la población rural. [1] 

En esta oportunidad, queremos resaltar la continuidad de este positivo proceso en Cusco. Durante todo el mes de octubre, se desarrollaron 5 talleres a jueces de paz de las provincias de Cusco, Canas, Paucartambo, Paruro y Quispicanchi, en el que participaron activamente diversos magistrados de esta corte superior y más de un centenar de jueces de paz de las distintas provincias.

Se aprobaron aranceles para la justicia de paz en Distrito Judicial de Lima

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dice que la justicia de paz es gratuita (art. 70, excepto las diligencias fuera del despacho[1]), bajo la lógica de que atiende a sectores de la población de bajos recursos. Pero entonces, ¿cómo se sostiene la importante justicia de paz si, en general, los propios jueces de paz son gente de escasos recursos, y este cargo no es remunerado, ni se suelen recibir los materiales de oficina que se necesita?

En la práctica, existen diversas situaciones en las que los usuarios del servicio realizan pequeños pagos que permiten el sostenimiento de los juzgados. Desde hace varios años atrás, esto ha preocupado a diversas cortes superiores, asumiendo que genera espacios de arbitrariedad en los cobros. El caso más reciente es el de la Corte Superior de Lima, que ha aprobado la Resolución Administrativa N° 199-2009-CED-CSJLI/PJ por la cual se aprueba un cuadro de aranceles judiciales por diligencias o actuaciones de los jueces de paz, que incluye cobros por notificaciones, diligencias fuera del juzgado, sentencias y conciliaciones y actuaciones notariales[2].

Un sinceramiento de la institución implica reconocer que existen algunos pagos a pesar de lo que señala la LOPJ, y creemos que eso se ha buscado con estos aranceles, lo que debería permitir un mejor control y funcionamiento de la institución. Sin embargo, creemos que antes de formular este tipo de medidas debemos preguntarnos si estamos realmente ante un problema (además prioritario) y cuál debería ser la forma de afrontarlo.

Las audiencias ante la CIDH habrían motivado que el gobierno cambie de postura sobre AIDESEP

A raíz de las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 3 de noviembre, solicitadas por diversas organizaciones[1], el gobierno habría cambiado de postura sobre la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). En consecuencia, el Presidente del Consejo de Ministros anunció el pasado martes 10 que se retiraría el pedido de disolución ante el Ministerio Público.

Avancemos por partes para entender mejor el gradual cambio de postura del gobierno (ver: cronología).

El problema del derecho a la consulta en el Perú es visto por la CIDH

El martes 3 de noviembre, en Washington D.C., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia en la que se abordó la situación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en el Perú (Oír audiencia). Esta audiencia fue solicitada por el Instituto de Defensa Legal, la Fundación para el Debido Proceso Legal y la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Seattle University con el objeto de que informar a la CIDH sobre el incumplimiento de diversas obligaciones internacionales del Estado peruano en relación al derecho a la consulta, generar un espacio de diálogo entre el Estado peruano y las organizaciones solicitantes, y proponer una serie de recomendaciones para que se implementen en nuestro país políticas internas a favor del derecho a la consulta.

El informe presentado por las instituciones peticionarias presenta y analiza claramente las distintas obligaciones internacionales sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas que vinculan al Estado Peruano. Estas obligaciones se derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en especial el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam), e instrumentos del sistema internacional de Derechos Humanos, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, el informe explica que las distintas normas que se han emitido en el Perú para desarrollar el derecho a la consulta no son compatibles con sus obligaciones internacionales debido a que relegan el derecho a la consulta a un período posterior a las concesiones, o porque se desarrollan procedimientos meramente informativos, o porque incluso no se prevé mecanismo alguno para la participación de los pueblos indígenas en los beneficios económicos como establecen los estándares internacionales. Por otro lado, el informe señala que del análisis de los 283 conflictos sociales (activos y latentes) que reportó la Defensoría del Pueblo para el mes de septiembre, se desprende que el 44% tienen que ver con la falta de consulta. Es decir la falta de implementación del derecho a la consulta es una de las fuentes más importantes de conflictividad social en el país.  (Ver: Informe presentado a la CIDH).