Feliz día a los jueces y juezas del Perú

Cada año, el 4 de agosto, se celebra el día del juez. Desde aquí nuestro más atento y respetuoso saludo a los magistrados y magistradas de todo el país y todas las jerarquías (sobre todo la justicia de paz) que cumplen su labor de forma honesta, materializando el valor justicia en la vida cotidiana de mucha gente.

Es usual en esta época del año recordar que el Decreto Ley N° 18918 estableció esta fecha conmemorativa en 1971. Esta norma, además, establece que la Corte Suprema y las cortes superiores deben realizar, en esta fecha, “sesiones solemnes destinadas a rememorar la obra de los Magistrados peruanos que han contribuido a la correcta administración de Justicia al progreso de la cultura jurídica del país y a la emancipación social, política y económica de la República”.

Han pasado ya cuarenta años desde la promulgación de dicho decreto ley. La fecha es siempre celebrada en todas las cortes del país, leyendo discursos que resaltan la trayectoria de ilustres y ejemplares magistrados, además de otros sobre los avances en la gestión de gobierno de cada presidente de corte. Pero entonces, ¿se ha congelado la celebración en el tiempo? ¿Ha devenido en un acto protocolar rutinario que, cargado de autoelogios, reitera anualmente la importancia de los jueces para la sociedad?

Se inscribió irregular sentencia del TC en caso PUCP vs Arzobispado de Lima

El pasado 21 de junio se consumó otra irregularidad en la controversia legal sostenida entre la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Arzobispado de Lima debido a que se inscribió en la partida N° 49042218 la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), del 17 de marzo de 2010, que declara infundado el amparo planteado por la universidad.

Como hemos comentado anteriormente, la pretensión del Arzobispado de inscribir la sentencia del TC en las partidas correspondientes a los bienes inmuebles de propiedad de la PUCP es un absurdo jurídico pues dicha sentencia no contiene ningún mandato. Sin embargo, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima acogió en segunda instancia la solicitud del Arzobispado y, mediante Resolución N° 07, del 21 de enero de 2011, ordenó la inscripción a pesar de reconocer que no existe ningún mandato expreso, basándose en su interpretación del considerando 21 de la sentencia del TC.

¿Inscribir un considerando? Suena extraño, pero a veces nuestra justicia inaplica las reglas de la lógica pura mediante el (des)control difuso.

A los dictadores no les conviene una justicia independiente: fujimorismo y chavismo compañeros de ruta

Alberto Fujimori y Hugo Chávez podrían ser coautores de un manual titulado Cómo ser dictador manipulando mecanismos formalmente democráticos… para dummies (claro, descontando el 5 de abril de 1992).

Recordar esto es importante pues, en la presente coyuntura electoral de cara a la segunda vuelta, sorprende que un sector de nuestra ciudadanía fundamente su voto a favor de la candidata Keiko Fujimori (lideresa por herencia del fujimorismo de siempre) en base al temor de que la otra candidatura, también preocupante, nos dirija hacia una dictadura como la chavista. Entre ambas opciones, en realidad, el fujimorismo es más cercano al chavismo pues en su momento ambos han sostenido una colaboración estrecha y por un tiempo más prolongado.

Dictaduras amigas

Si hablamos de dictaduras, la que vivimos en el Perú durante el régimen de los Fujimori no fue de menor intensidad que la que actualmente padece el hermano país de Venezuela. Además, han existido vasos comunicantes entre ambos regímenes, incluso antes de que el chavismo asumiera el poder (recordemos que ese movimiento llegó a la presidencia en el año 98).

La controversia entre la PUCP y el Arzobispado de Lima no se resolvería conforme a la cuestionable sentencia del TC, pero siguen las amenazas en la vía civil

Ha ocurrido un hecho importante en este caso hace un par de semanas, sin recibir suficiente atención en los medios. El 16° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, donde se encuentra en trámite el proceso para definir las cuestiones de fondo, ha emitido la resolución N° 59 por la que declara improcedente la solicitud del Arzobispado para que el proceso concluya anticipadamente porque la materia había sido, supuestamente, resuelta ya por el Tribunal Constitucional (TC).

Esto es importante porque desde el año pasado, el Cardenal Cipriani y diversos medios de comunicación afines han insistido en que el caso ya había sido ganado por el Arzobispado en el TC, enfatizando falazmente que el TC es la instancia máxima y debe respetarse. Sin duda el TC es el máximo intérprete de la Constitución, pero en este caso había entrado a evaluar materias fuera de su competencia (invadiendo competencias exclusivas del Poder Judicial), y además lo hizo de forma parcializada y sin llegar a resolver nada pues lo único que estuvo a su alcance fue declarar infundado el proceso de amparo planteado por la PUCP. La sentencia del TC fue criticada duramente por padecer varias irregularidades. A pesar de ello, el año pasado el entonces Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein y el entonces Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega, tomaron partido abiertamente por el Cardenal Cipriani, generando presión para que el caso se resolviera conforme al TC.

¿Festejan los corruptos con el Nuevo Código Procesal Penal? Fujimorista Hurtado Miller reaparece al adelantarse esta norma para delitos de corrupción

El ex ministro fujimorista Juan Carlos Hurtado Miller, recordado especialmente por el Fujishock de 1990, en el que encomendó nuestra economía a la gracia divina, se entregó el pasado miércoles 13 de abril a la justicia, luego de haberse mantenido prófugo durante 10 años.

Es acusado de dos graves delitos. El primero, de peculado por haber recibido en efectivo 334 mil dólares para su campaña en las elecciones municipales de 1998 de manos de Vladimiro Montesinos, lo que él ha reconocido ante la prensa, aunque niega que constituya delito. En segundo lugar, se le acusa de los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión, en perjuicio de la Caja de Pensiones Militar Policial. El Ministerio Público lo acusa de haberse apropiado de 4 millones de dólares de los fondos de la Caja y ha solicitado una pena de 15 años de prisión y una reparación civil de 3 millones de dólares.

Sin embargo, como informó Diario 16, al ser detenido no fue interrogado sobre el dinero recibido de Montesinos pues su abogado planteó que el caso había prescrito, lo que fue aceptado por la Tercera Sala Penal Anticorrupción Liquidadora, aunque se espera la respuesta a la apelación planteada por el procurador Ad Hoc para los casos Fujimori- Montesinos, Pedro Gamarra Johnson. Pero sí dio sus primeras declaraciones en el caso de la Caja de Pensiones Militar Policial, en el que se encontraba en condición de reo contumaz.

¿Por qué reaparecer en este momento?

Islay: optemos por el diálogo antes que la represión. La inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1094

¿Cuántas muertes serán necesarias para que el gobierno deje de imponer proyectos mineros rechazados por la población? ¿Cuántas serán necesarias para que, en el futuro, la minería entre en diálogo con la población? ¿Cuántas muertes esperará la justicia para declarar inconstitucional el Decreto Legislativo N° 1094?


Como comentamos la semana pasada, frente al conflicto social en la provincia de Islay, por el proyecto cuprífero Tía María de la Southern Peru Copper Corporation (Grupo México), el gobierno ha mantenido estos dos años una actitud de represión constante y creciente. En esa línea, el gobierno se salió de los cauces constitucionales al autorizar, el 28 de marzo pasado, el ingreso de las Fuerzas Armadas a la provincia de Islay, como apoyo a la Policía Nacional, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales (R.S. 113-2011-DE), como explicamos anteriormente.

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que confirma varias irregularidades y omisiones en el estudio de impacto ambiental (EIA) del Proyecto Tía María, permite entender que el reclamo de los pobladores por la contaminación del río Tambo está sustentado.

Como era de esperarse, esta semana se intensificaron los enfrentamientos por lo que, al cierre de esta edición, se han registrado ya tres muertos: uno el lunes 4 de marzo, Andrés Taype Choquepuma (22); y, como si no se hubiera aprendido nada, hoy jueves 8 de marzo fallecieron Aurelio Huarcapoma (50) y Néstor Cerezo Patana (31). Además, ya se puede contar más de 50 heridos esta semana (al menos 20 el lunes y más de 30 hoy jueves hasta el mediodía), muchos de los cuales fueron heridos de bala.

El gobierno prefiere el proyecto Tía María que a la Constitución: aumenta represión en la provincia de Islay

El pasado lunes 28 de marzo se conoció que, a través de la R.S. 113-2011-DE, el Ejecutivo autorizó la intervención de las fuerzas armadas en la provincia de Islay (Arequipa) para apoyar a la Policía Nacional a resguardar el funcionamiento de servicios públicos y establecimientos públicos desde el 27 de marzo hasta el 10 de abril. Todo esto en el contexto de las protestas sociales por el proyecto Tía María. Esta medida es sumamente preocupante debido a que el Ejecutivo no ha mostrado una actitud de diálogo clara con la población, ni ha dado señales de transparencia y preocupación por garantizar que este proyecto no la afecte, sino que desde el 2009 ha intensificado la represión, saliéndose de los cauces constitucionales.

Tía María es un inmenso proyecto cuprífero de la Southern Perú Copper Coorporation, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Este proyecto ha generado el rechazo de la población debido a que se extiende sobre el río Tambo, el cual irriga importantes zonas agrícolas de las que viven muchas familias. Este escenario de tensión, además, se intensifica porque en los últimos años alrededor del 50% de la provincia de Islay se ha parcelado y concesionado a empresas mineras. Es por ello que los pobladores se opusieron a este proyecto en la consulta popular realizada a fines de septiembre de 2009. Desde entonces, se han producido ya tres paros indefinidos en la zona (en abril de 2010, noviembre de 2010 y marzo de 2011), insuficiente diálogo y creciente represión. En todos estos paros han resultado heridos pobladores y policías. Es decir, es un agudo conflicto social permanente desde hace dos años.

En el contexto del último paro, sin embargo, hay dos hechos que resaltan de manera preocupante: a) el informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que confirma varias irregularidades y omisiones en el estudio de impacto ambiental (EIA) del Proyecto Tía María; y b) la autorización de la intervención de las fuerzas armadas a través de la R.S. 113-2011-DE.

¿Por dónde va el Poder Judicial? Su presidente responde…

En el marco del Encuentro Nacional Tiempos de afirmación democrática, organizado por Ideeleradio la semana pasada, el Presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, expuso y dialogó con periodistas de todo el país sobre los avances en su gestión. En esta oportunidad presentaremos algunos puntos significativos planteados en su intervención. 

Antes de revisar los anuncios e informes específicos, nos parece pertinente señalar que la gestión de San Martín parece caracterizarse por: a) la preocupación por convocar y cooperar con las demás instituciones estatales vinculadas al sistema de justicia, así como la sociedad civil, a fin de realizar esfuerzos conjuntos para mejorar la administración de justicia en el país; y b) el esfuerzo por cumplir de manera ordenada los compromisos asumidos al iniciar su gestión, plasmados en su discurso de inauguración del presente año judicial. Ambas características están muy relacionadas, pues la apertura del Poder Judicial para trabajar coordinadamente ya había sido anunciada en el discurso de San Martín a inicios de año, como comentamos oportunamente.

El gobierno debe retirar el indulto a Fujimori de su agenda

El presidente García declaró al diario El Comercio, hace semana y media, que consultaría con el país un posible indulto a Fujimori. Estas declaraciones causaron revuelo y la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, aclaró que lo planteado por el presidente no es posible, pues el indulto y el referéndum se encuentran regulados en la constitución de manera incompatible debido a que el primero es una prerrogativa del presidente y el referendum “es un proceso de democracia directa reconocido en el artículo 31 de la Constitución que permite que los ciudadanos opinen, aprobando o rechazando, determinados temas propios del ámbito legislativo”. Agregó además que los temas que se pueden aprobar mediante referéndum son: a) la reforma total o parcial de la Constitución; b) la aprobación de normas con rango legal; d) las ordenanzas municipales; y e) las materias relativas al proceso de descentralización.

El indulto al reo Fujimori ha sido un tema que se ha estado siempre en el debate público desde que este fuera sentenciado en abril de 2009, pero muchas veces ha estado politizado. Creemos por ello pertinente hacer algunas precisiones legales.

Sí a la desaparición de la minería informal, pero...

No cabe duda de que debe erradicarse la minería informal en el país, por los altos daños ambientales que ocasionan y las múltiples consecuencias sociales negativas que se producen (amenazas a la salud de la población, trata de personas, etc.). En tal sentido, nos parece importante la preocupación del gobierno por combatir la minería aurífera informal existente en Madre de Dios, y creemos que el tema debe mantenerse en su agenda como punto prioritario.

No obstante, creemos que, si bien el gobierno debe actuar con firmeza en este caso, también debe hacerlo con prudencia, de manera planificada y respetando el estado constitucional de derecho. Desafortunadamente no todo esto puede observarse en las últimas semanas pues el gobierno ha recurrido a la manipulación de normas y la intervención militar, lo que ha aumentado la conflictividad social, como explicaremos a continuación.