La Ley de Consulta es buena, pero sus contradicciones la ponen en riesgo

Juan Carlos Ruiz Molleda y Aníbal Gálvez

La Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas aprobada por el Pleno del Congreso el pasado miércoles 19 de mayo, ha generado reacciones positivas por constituir un hito histórico en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Tiene aspectos positivos claros, pero también defectos altamente preocupantes, por lo que observaremos los más resaltantes.

El arzobispado de Lima desinforma a la ciudadanía sobre controversia con la PUCP

El octavo mandamiento exige no mentir. Pero a pesar de ser un precepto básico del catolicismo, los representantes del arzobispado de Lima parecen haberlo olvidado. Como parte de su campaña de desinformación en la controversia con la PUCP, el arzobispado publicó En defensa de la verdad, nombre paradójico de un suplemento distribuido el 5 de mayo último con el diario Correo. Esta publicación masiva busca convencer falazmente a la opinión pública de que la única motivación del arzobispo es cumplir su deber moral de que se respeten los testamentos de José de la Riva-Agüero, que en base a los testamentos una junta podría administrar los bienes de la PUCP eternamente, y que la PUCP se ha alejado del catolicismo. Nada de esto parece cierto, y en las siguientes líneas intentamos aclarar algunas de las mentiras planteadas en la mencionada publicación.

Se encuentra en preparación el presupuesto del Poder Judicial

Desde el mes pasado se encuentra en preparación el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el próximo año. En este sentido, el 29 de abril se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Administrativa Nº 142-2010-CE-PJ, "Pautas para la Formulación del Presupuesto Institucional del Poder Judicial para el Año Fiscal 2011".

No se hizo justicia: el TC no protegió autonomía universitaria ni respetó voluntad de José de la Riva-Agüero y Osma

Este articulo fue escrito por el Equipo Profesional de Justicia Viva. Lo publico debido a que participé en la redacción:

Conforme al artículo 139 inciso 20 de la Constitución Política, que establece el derecho de formular análisis y críticas de sentencias y resoluciones judiciales, consideramos necesario señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el expediente 03347-2009-AA, referida al recurso de agravio constitucional (RAC) presentado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Lima, es una resolución arbitraria, con poco rigor jurídico y claramente sesgada a favor de una de las partes por las razones que exponemos a continuación: 

El sistema de justicia entrampado por el caso BTR

Hace exactamente un año el mundo entero reconocía la buena actuación de nuestro sistema de justicia por la impecable sentencia condenatoria a Alberto Fujimori. Ahora, con la adulteración de pruebas en el caso BTR, el panorama es distinto y nos toca presenciar uno de los escándalos más bochornosos que, muy lejos del ideal de justicia, solo nos muestra el enfrentamiento enconado entre dos entes protagónicos del sistema de justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, los que se acusan mutuamente. En esta situación, lo único que se consigue es debilitar la institucionalidad democrática al transmitir a la ciudadanía un mensaje de corrupción e impunidad en las altas esferas del poder. 

A pesar de los indicios todavía no se puede saber con total certeza cómo se produjo el borrado de los archivos y quiénes son los responsables. Una limitación adicional para conocer los hechos es el deber de reserva que tiene el fiscal Wálter Milla durante las investigaciones. Esta reserva terminará el 12 de abril, fecha en la que el Ministerio Público dará a conocer ante la opinión pública mayores detalles.

Sin embargo, el panorama actual permite calificar más claramente el desempeño del Ministerio Público, frente a la actuación de las autoridades del Poder Judicial.

La CIDH analiza el estrechamiento de la libertad de expresión en la región andina

Las condiciones sociales y políticas para el ejercicio de la libertad de expresión son sumamente difíciles en la región andina. Esto quedó evidenciado el pasado 23 de marzo al realizarse la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de expresión en la región andina, en el marco de su 138º período de sesiones. En esta audiencia, solicitada por diversas organizaciones del continente, se analizó el estrechamiento de la libertad de expresión en Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela.[1]

Cómo NO se anula un indulto: errores que podrían favorecer a Crousillat y perjudicar a terceros

La semana pasada se debatía si el indulto era una gracia presidencial y si, en consecuencia, el indulto a Crousillat podía o no ser revisable. Ante esto, nos pronunciamos en el sentido de que el indulto es un acto administrativo por lo cual el Presidente García debía anular de oficio el indulto a Crousillat aplicando la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Véase: Cómo se anula un indulto). 

Agregando un capítulo más a la última telenovela producida por Crousillat, el domingo 14 de marzo se publicó en El Peruano la Resolución Suprema Nº 056-2010-JUS, que deja “sin efecto” la resolución de indulto. ¿Significa esto que se anuló de oficio el acto administrativo o que la voluntad del presidente cambió y decidió retirar la “gracia” concedida? El Ejecutivo ha preferido olvidar la ley y asumir lo segundo, lo cual trae consecuencias negativas. A raíz de esto, comentaremos tres cuestiones: a) Los defectos de la revocación del indulto, b) el show mediático que benefició a Crousillat y c) El pretendido efecto en otros indultos. 

Cómo se anula un indulto

¿No se puede anular un indulto? En los últimos días, se ha mantenido en el debate público si el indulto concedido a José Enrique Crousillat a fines del año pasado tiene alguna vía para ser revocado en nuestro ordenamiento, pues se ha evidenciado públicamente que goza de buena salud y no se encuentra grave como se indicó al indultarlo. A pesar de las vacilaciones políticas, la respuesta jurídica es que sí se puede anular un indulto.

No es de extrañar que algunos representantes del gobierno defendieran que el indulto era una facultad presidencial discrecional de acuerdo a la Constitución, por lo cual no podía ser cuestionado (véanse declaraciones de los Ministros Pastor y Rey), o que representantes del fujimorismos o políticos cuestionados por violaciones a Derechos Humanos también se opusieran a la posibilidad de cuestionar un indulto (véanse declaraciones del congresista Souza o el Vicepresidente Giampietri).

Para anular un indulto debe considerarse, en primer lugar, que el tema no queda librado solo al fragor político y a la voluntad del Presidente de la República. Diversos juristas y políticos, han señalado que el tema del indulto es una “gracia presidencial” y que por ello es una facultad presidencial que jurídicamente no es revisable, por lo tanto dependería básicamente de la voluntad del presidente revocarla o no.[1] Nada más equivocado.

Mal con ellos, peor sin ellos: próxima audiencia pública sobre el rol de los abogados

Si usted es de los que no dejarían su casa bajo el cuidado de un abogado, sepa que no está solo. Hay muchas personas más que compartirán su opinión. Quizá por ello le interese participar en la audiencia pública “El abogado y su rol en el Perú”, que organiza el diario El Comercio el viernes 12 de febrero en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima.

Pero tome en cuenta que la idea no es solo ir para contar anécdotas negativas y quejarse, sino más bien realizar análisis y propuestas sobre la problemática de este sector profesional, tan esencial para la justicia (pues, aunque con deficiencias, sin abogados nos sumiríamos en un caos jurídico y social). Según la convocatoria pública, los temas que se abordarán son la formación del abogado, su rol ante la administración de justicia y su actuación frente a los retos del siglo XXI.

Es importante además considerar que esta preocupación por la profesión legal no es nueva, pero sí una necesidad recurrente. Por ello conviene recordar algunos puntos sobre la situación actual.

Gálvez Rivas, Aníbal y Aarón Verona Badajoz. «The Volunteers». Americas Quarterly (Winter 2010)

From issue: Voices from the New Generation (Winter 2010)

The Volunteers

BY 

ANÍBAL GÁLVEZ RIVAS AND RICARDO AARON VERONA BADAJOZ

Ricardo Aaron Verona Badajoz (left) and Aníbal Gálvez Rivas (right). Illustration by Kathryn Rathke.

"Young people's interest in advancing social change arises out of volunteer action, not political militancy."

Young social activists are playing a new role in Peru today. The previous generation of young Peruvians defined their priorities differently in response to the violence of the 1980s. Terrorist groups such as Sendero Luminoso and theMovimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) provoked heavy state repression, especially in the rural Andes and the Amazon. As a result, youth movements at the time focused on human rights advocacy. Young professionals created NGOs such as the Instituto de Defensa Legal (IDL) and the Asociación Pro Derechos Humanos(Aprode) and were instrumental in the subsequent creation of the NGO La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) that has served as an umbrella group for dozens of human rights NGOs.

Our national landscape has changed. Although many of those human rights advocacy groups exist to this day, new issues have appeared. The government’s focus on macroeconomic growth, to the exclusion of poverty alleviation, has given rise to new social conflicts. As a result, today’s generation is interested in economic and social development. We are focused on improving the quality of life for the most vulnerable of our fellow citizens. And our energies and concerns have led to the creation of development-oriented organizations, such as Minkando (a Lima-based organization of students and young professionals that focuses on youth and adolescent development) and Un Techo Para Mi País (an organization founded in Chile that arranges the construction of inexpensive homes for underserved communities).

Not only do the priorities of today’s generation differ from those of previous ones, so do the political and ideological circumstances.
During the 1980s, youth was more involved in politics. In Peru, those who advocated the defense of human rights generally belonged to sectors that had a more leftist inclination. There was a level of militancy endorsed by political institutions and certain sectors of the Catholic Church aimed at defending the population against state repression.
The current generation does not feel the need to be aligned to a political party or idea. It is not political affiliation that motivates their actions but the consciousness that large numbers of people in our country lack some of the basic needs of life...

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