Se presentó informe defensorial: "Actuación del Estado frente a la discriminación"

Apenas la semana pasada, nos recordaba un diario capitalino cuán vigente se encuentra el racismo en cierto sector de nuestra sociedad. De manera oportuna, la Defensoría del Pueblo presentó esta semana el informe “Actuación del Estado frente a la discriminación” donde analiza las 149 quejas recibidas durante el período 2007-2008 y la supervisión a la labor de distintas entidades públicas encargadas de la investigación y sanción de las conductas discriminatorias, entre las que incluye al Ministerio Público y el Poder Judicial (ver: Informe).

Lamentable caso de discriminación pública desde el diario Correo

En nuestro país se suele asumir al racismo como una actitud soterrada. Pero nada más opuesto que dedicar la edición de un conocido diario para evidenciar abiertamente prejuicios raciales, culturales y de clase. En efecto -como si las noticias importantes del país se hubiesen desvanecido- el diario Correo dedicó su portada, editorial y páginas centrales del jueves 23 de abril para cuestionar errores ortográficos de la Congresista Hilaria Supa y, a partir de ello, plantear que deberían establecerse requisitos académicos altos para postular al congreso, desconociendo el derecho de ser elegidos de millones de peruanos de origen indígena y de sectores económicamente desfavorecidos.

Resulta tan clara la discriminación, que las reacciones han sido rápidas y diversas, comenzando por el pleno del Congreso que rechazó los agravios de Correo, hasta notas periodísticas en medios nacionales y extranjeros. 

Tercer encuentro de la Red Académica de Acceso a la Justicia

En un esfuerzo de la sociedad civil para aportar propuestas sobre cómo mejorar la educación legal en el país, se llevó a cabo el Tercer Encuentro de la Red Académica de Acceso a la Justicia (Redajus): “Investigación, Género y Enseñanza del Derecho”, los días 14 y 15 de abril en la ciudad de Cajamarca.

¿Cómo está regulada la justicia de paz en el Perú? Compilación temática y breve análisis de la normatividad vigente

Introducción 

El presente documento no pretende explicar cómo administran justicia los jueces de paz, cuáles son los diversos contextos en que se desenvuelven, los problemas que afrontan o la forma en que se relacionan con el resto del Estado y con la sociedad en general. El objetivo es más modesto: explicar qué dicen y qué no dicen nuestras normas sobre justicia de paz. Tampoco se pretende explicar qué deberían decir las normas pues eso es todavía más complicado que todo lo anterior.

La justicia de paz, en la práctica, es muy diversa y no se refleja ni canaliza totalmente a través de las normas. Ni siquiera las interpretaciones sociales de las normas (las que se usan en la práctica) son totalmente compatibles con aquellas que la aplicación estricta de las técnicas de interpretación legal puede producir; y, como son abundantes, aquí solo plantearemos algunas.

Entonces, ¿para qué sirve este documento? Ocurre que, en cuanto a Justicia de Paz, la normatividad es muy dispersa, no tiene un enfoque coherente ni está pensada totalmente para ella. Muchas veces se desconoce la totalidad de normas que regulan la justicia de paz, o la totalidad y detalle de cada norma. Existen ciertas nociones que se han convertido en un sentido común, pero muchas veces quienes comparten estas nociones no tienen claro cuál es el fundamento legal ­­–si hay alguno– o estas nociones no encajan con las normas. Conocer de forma integral las normas sobre justicia de paz puede permitir entender mejor qué puede estar o no permitido, o de qué forma se puede utilizar la normatividad vigente para apoyar a la justicia de paz. También puede servir como referente para hacer comparaciones con lo que ocurre en la práctica y así plantearse investigaciones o reformas normativas.

Nuevo Presidente del Poder Judicial inaugura el año judicial: ¿Qué tipo de Poder Judicial queremos?

Juan Carlos Ruiz Molleda y Aníbal Gálvez Rivas

El día 5 de enero pasado el magistrado Javier Villa Stein pronunció su discurso de inauguración del año judicial 2009, asumiendo de esta manera el cargo de Presidente del Poder Judicial1. Desde Justicia Viva hemos sido críticos a su candidatura, pues consideramos que no era la persona más adecuada2. Sin embargo, fue elegido con el voto mayoritario de los magistrados supremos. Por nuestra parte, respetamos dicha decisión aunque no la compartimos, en todo caso, estaremos atentos a su gestión, ejerciendo nuestro derecho a la vigilancia democrática ciudadana de sus decisiones y medidas. A continuación, un análisis del discurso, tanto en lo que dijo como en lo que dejó de decir.

La justicia de paz durante el 2008

El presente artículo analiza la situación de la justicia de paz durante el 2008, procurando un análisis de lo realizado desde el Poder Judicial para mejorar esta instancia.

Se parte de la premisa de que a inicios de este año el panorama era similar al del año precedente, durante el cual se observó que la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) no mostraba un rumbo claro: no contaba con diagnósticos actualizados sobre las necesidades de los jueces de paz, no logró incidir en el presupuesto del Poder Judicial para lograr mayor apoyo material, no tenía la capacidad para apoyar a los jueces de paz que eran procesados y destituidos por incumplir formalidades que no les correspondían, y carecía de un plan de capacitación. 

Posteriormente el artículo analiza cinco aspectos ocurridos durante el 2008: a)  La elaboración del Plan Nacional de Capacitaciones de Jueces de Paz; b) La distribución de escritorios y materiales de oficina a los jueces de paz; c) La presentación del proyecto de ley de la ONAJUP al Congreso de la República para reconocer a la justicia de paz como «institución jurídica originaria del Derecho peruano»; d) El cambio en la jefatura de la ONAJUP por un escándalo de corrupción en el que se vio envuelto el ex jefe; e)  La presentación de diagnósticos; f) Problemas para el nombramiento de los coordinadores de las ODAJUP.

Alarmante aumento de agresiones y hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos

Cada vez es más arriesgado exigir justicia, cada año aumentan las agresiones a los defensores y defensoras de Derechos Humanos. Según un comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se registraron 124 de incidentes en agravio de defensores de Derechos Humanos entre el 2007 e inicios de diciembre del 2008 a nivel nacional, que incluyen amenazas, hostigamiento policial y judicial, agresión física, daño a la propiedad, campañas difamatorias, acciones de inteligencia, reglaje, robo de información, intervención telefónica y ataques vía internet (ver: Comunicado).

El informe que sustenta este comunicado muestra que en el 2008 estos incidentes aumentaron en un 34% en comparación al 2007, según detalla el siguiente cuadro:

Inestabilidad en la justicia de paz: las oficinas de apoyo necesitan apoyo

En nuestro medio, existe un discurso favorable a la justicia de paz, tanto a nivel del Poder Judicial como en diversos espacios de discusión, aunque no siempre se concreta en un respaldo institucional decidido.

En agosto de 2004 se creó la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz – ONAJUP (Res. Adm. N° 150-2004-CE-PJ) con el objetivo de contar con un órgano especializado en la estructura del Poder Judicial que analice, planifique y oriente la labor de la Justicia de Paz en el país. En la misma línea, pero con un mayor espíritu descentralista se creó en cada Corte Superior del país una Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz - ODAJUP, conforme a la Res. Adm. N° 010-2007-CE-PJ. 

La creación de estos órganos implica un avance importante, pero se desvirtúa si no se institucionalizan adecuadamente y si éstos no cumplen una labor activa(1). 

Precisamente, las ODAJUP del país padecen de una notable inestabilidad debido a que sus coordinadores no se encuentran adecuadamente nombrados. Actualmente se cuenta solo con coordinadores encargados, que formalmente ocupan diversos cargos (e.g. especialistas legales, asesores, personal de imagen institucional) y que deben atender las funciones propias de la ODAJUP como complementos de las funciones de sus otros cargos; y solo unos pocos pueden dedicarse exclusivamente. 

¿Jueces o notarios de paz? Apuntes para percibir la importancia de las funciones notariales de los jueces de paz

¿Qué pasaría por su mente si alguien mencionara a los “notarios de paz”? La expresión le parecería rara, por decir lo menos.

Habituados, como estamos, a hablar sobre los jueces de paz y resaltar su calidad jurisdiccional basada en la cultura y en la conciliación, decir “notarios de paz” para referirnos a los mismos funcionarios sonaría a  excentricidad, a una deformación antojadiza de la institución. No pretendemos atribuir esta nueva etiqueta a nuestros jueces de paz, pues los análisis y debates no deben ser sobre temas meramente nominales, pero le pedimos que la recuerde pues en este trabajo plantearemos algunos puntos básicos para percibir la importancia de las funciones notariales de los jueces de paz, tanto para el público usuario del servicio, cuanto para la institución en sí misma.

El presente artículo es apenas un pequeño avance de una investigación mayor en curso en la zona sur del valle del Mantaro, por lo que solo proporcionaremos una ligera aproximación al tema y nos relevaremos, hasta un futuro próximo, de profundizar más algunos puntos y documentar otros temas importantes. Debemos anticipar que, al tratarse de un estudio sociojurídico, nuestro énfasis estará no solo en la interpretación legal (ni en mantener los mitos que aprendemos en las facultades de Derecho), sino en combinar ésta con el análisis de información de campo.

Buscan reforzar funciones notariales de los jueces de paz

Recientemente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió afrontar los problemas existentes en torno de las competencias notariales de los jueces de paz, en lo referente a las legalizaciones y certificaciones, mediante la creación de un Registro Nacional de Firmas de Jueces de Paz y la aprobación de un formato para las firmas (Res. Ad. Nº 121-2007-CE-PJ).

La resolución que aprueba el formato señala que las certificaciones expedidas por los jueces de paz "tienden a buscar medios de garantía contra el indebido tráfico de documentos falsos que aparentemente generan derechos; por ello, resulta necesario adoptar medidas que permitan dar certeza de sus respectivas firmas". Es decir, la resolución enfatiza la necesidad de certeza sobre las firmas de los jueces de paz frente a documentos que las falsificarían. De manera consecuente, se aprueba un formato donde constan los datos de ubicación del juzgado, el nombre completo del juez respectivo, el período de su mandato y su firma, la que deberán certificar los jueces decanos o los jueces especializados en cada provincia del país. Al elaborarse y certificarse un formato por cada juez de paz, estos documentos se conservarán en los archivos de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de cada Corte Superior y de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP), con sede en Lima. Asimismo, se dispone que los jueces de paz deban mantener un libro de Registro de Certificaciones y Legalizaciones Notariales bajo responsabilidad funcional y que los actos que no consten en este registro quedarán invalidados.