Denuncias contra los blogs como restricción a la libertad de expresión: A propósito del caso Godoy

Estuvimos tensos toda la semana pasada a raíz del proyecto de la denominada “Ley mordaza” y su afán en restringir la libertad de expresión. En este contexto, para rematar la semana, se conoció una demanda de Jorge Mufarech contra el blogger nacional José Godoy, responsable del blog Desde el Tercer Piso por un millón de dólares por, supuestamente, haberlo difamado. Naturalmente la demanda permitió a Mufarech tener otra vez a una parte de la opinión pública en contra, y se ha resaltado en diversas oportunidades la coincidencia entre el proyecto de la “Ley Mordaza” y la demanda contra Godoy.

Un punto que llamó la atención apenas se conoció la noticia es que se trataría de la primera demanda contra un blogger en nuestro país. Esto nos lleva a pensar en la importancia que han adquirido los blogs políticos en el mundo durante los últimos años y la consecuente persecución que puede existir contra los bloggers. En octubre de 2006, Amnistía Internacional lanzó una campaña para defender a bloggers que se habían convertido en verdaderos “prisioneros de consciencia” en diversos lugares del mundo, y destacaba que esos precisos días se había arrestado a Kianoosh Sanjari en Teherán (Irán) por informar en su blog de unos disturbios entre fuerzas policiales y adeptos del clérigo chií Ayatollah Boroujerdi, señalando que “Está incomunicado y tememos que sea sometido a torturas”. Poco después, en febrero de 2007, la situación agravó: en Egipto, el joven blogger Abdelkarim Suleimán (22) fue sentenciado a cuatro años de cárcel por criticar al Islam y al Presidente de su país. 

Necesitamos prepararnos para la entrada en vigencia de la Ley de Defensa Pública

La Ley del servicio de defensa pública (Ley N° 29360) fue publicada el 14 de mayo del presente año. Quien revise las noticias de los días posteriores recordará cómo se resaltaba la importancia de esta norma, por establecer mecanismos que permitan a la población de escasos recursos hacer valer sus derechos, y por ello la norma fue analizada en este portal.

La norma establecía un plazo de 90 días para ser reglamentada y dicho plazo se completó a fines de la semana pasada. Si bien la ley entrará en vigencia todavía el primero de enero del próximo año (poco más de cuatro meses), el retraso causa preocupación pues son varias las actividades que se deben realizar con anticipación para que esta importante ley no devenga en letra muerta. En efecto, hay muchas cosas que no se pueden hacer si antes no se tiene el reglamento. A continuación mencionaremos algunos puntos importantes.

¿Ahora contamos con un Colegio de Abogados de alcance nacional?

En un nuevo intento por fortalecer la institucionalidad en nuestro país, se fundó el Colegio de Abogados del Perú (CAP) el 24 de julio de este año en la ciudad de Cusco. La “Declaración de Cusco”, nombre del documento de fundación, fue suscrita por los decanos de 25 colegios de abogados y señala que esta nueva institución se funda manteniendo la independencia y funciones de los colegios de abogados departamentales y sobre la base de la Junta Nacional de Decanos. Los objetivos planteados son: a) participar activamente en la reforma integral del sistema de justicia; b) participar en la reforma y mejora de la calidad e la educación legal en el sistema universitario, c) crear una jurisdicción deontológica para controlar el ejercicio y prestigiar la profesión de abogado, d) participar en la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia, y e) participar en el fortalecimiento de la institucionalidad del país y del respeto de los derechos humanos.

Esta nueva organización, cuyo decano es el doctor Wálter Gutiérrez Camacho (también Decano del Colegio de Abogados de Lima y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú) toma como referente a la antigua Federación Nacional Colegios de Abogados, considerando que desde que esta fue disuelta por el gobierno de Fujimori la abogacía en el país ha estado desorganizada y a cargo de colegios de abogados “totalmente invertebrados”.

Elementos de los sistemas locales de justicia en zonas rurales de Cusco donde se concretan los derechos de las mujeres víctimas de violencia

Artículo publicado anteriormente en Derechovirtual.com

Coautores: Christine Benoît, Aníbal Gálvez Rivas, María Alejandra González Luna y Renato Levaggi Tapia,

Resumen:

El presente artículo analiza las opiniones de diversos actores de la justicia comunitaria (en tres provincias de Cusco) sobre qué entienden por justicia y cómo se busca afrontar la violencia que afecta a las mujeres. Se plantea que existen diferencias entre los discursos y las prácticas precisamente en casos que afectan a mujeres y que el empoderamiento de las defensoras comunitarias viene generando cambios en la forma en la que las autoridades comunitarias tratan la violencia hacia las mujeres.

Posibles mejoras en legislación sobre Justicia de Paz

Este podría ser un año muy importante en la historia de la justicia de paz. En el Congreso de la República se viene trabajando en una norma que la regularía integralmente y que, en caso de ser aprobada, generaría condiciones importantes para su fortalecimiento. Hemos podido acceder al texto del predictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y merece destacarse en varios aspectos.

En primer lugar, no es una propuesta confeccionada en un gabinete, sino el resultado de un proceso de consulta en el que se recogieron las opiniones y testimonios de experimentados jueces de paz provenientes de diversos contextos sociales de nuestro territorio. Esto garantiza que se hayan incluido aquellos temas que realmente preocupan a los jueces de paz y limitan su actuación.

Se presentó informe defensorial: "Actuación del Estado frente a la discriminación"

Apenas la semana pasada, nos recordaba un diario capitalino cuán vigente se encuentra el racismo en cierto sector de nuestra sociedad. De manera oportuna, la Defensoría del Pueblo presentó esta semana el informe “Actuación del Estado frente a la discriminación” donde analiza las 149 quejas recibidas durante el período 2007-2008 y la supervisión a la labor de distintas entidades públicas encargadas de la investigación y sanción de las conductas discriminatorias, entre las que incluye al Ministerio Público y el Poder Judicial (ver: Informe).

Lamentable caso de discriminación pública desde el diario Correo

En nuestro país se suele asumir al racismo como una actitud soterrada. Pero nada más opuesto que dedicar la edición de un conocido diario para evidenciar abiertamente prejuicios raciales, culturales y de clase. En efecto -como si las noticias importantes del país se hubiesen desvanecido- el diario Correo dedicó su portada, editorial y páginas centrales del jueves 23 de abril para cuestionar errores ortográficos de la Congresista Hilaria Supa y, a partir de ello, plantear que deberían establecerse requisitos académicos altos para postular al congreso, desconociendo el derecho de ser elegidos de millones de peruanos de origen indígena y de sectores económicamente desfavorecidos.

Resulta tan clara la discriminación, que las reacciones han sido rápidas y diversas, comenzando por el pleno del Congreso que rechazó los agravios de Correo, hasta notas periodísticas en medios nacionales y extranjeros. 

Tercer encuentro de la Red Académica de Acceso a la Justicia

En un esfuerzo de la sociedad civil para aportar propuestas sobre cómo mejorar la educación legal en el país, se llevó a cabo el Tercer Encuentro de la Red Académica de Acceso a la Justicia (Redajus): “Investigación, Género y Enseñanza del Derecho”, los días 14 y 15 de abril en la ciudad de Cajamarca.

¿Cómo está regulada la justicia de paz en el Perú? Compilación temática y breve análisis de la normatividad vigente

Introducción 

El presente documento no pretende explicar cómo administran justicia los jueces de paz, cuáles son los diversos contextos en que se desenvuelven, los problemas que afrontan o la forma en que se relacionan con el resto del Estado y con la sociedad en general. El objetivo es más modesto: explicar qué dicen y qué no dicen nuestras normas sobre justicia de paz. Tampoco se pretende explicar qué deberían decir las normas pues eso es todavía más complicado que todo lo anterior.

La justicia de paz, en la práctica, es muy diversa y no se refleja ni canaliza totalmente a través de las normas. Ni siquiera las interpretaciones sociales de las normas (las que se usan en la práctica) son totalmente compatibles con aquellas que la aplicación estricta de las técnicas de interpretación legal puede producir; y, como son abundantes, aquí solo plantearemos algunas.

Entonces, ¿para qué sirve este documento? Ocurre que, en cuanto a Justicia de Paz, la normatividad es muy dispersa, no tiene un enfoque coherente ni está pensada totalmente para ella. Muchas veces se desconoce la totalidad de normas que regulan la justicia de paz, o la totalidad y detalle de cada norma. Existen ciertas nociones que se han convertido en un sentido común, pero muchas veces quienes comparten estas nociones no tienen claro cuál es el fundamento legal ­­–si hay alguno– o estas nociones no encajan con las normas. Conocer de forma integral las normas sobre justicia de paz puede permitir entender mejor qué puede estar o no permitido, o de qué forma se puede utilizar la normatividad vigente para apoyar a la justicia de paz. También puede servir como referente para hacer comparaciones con lo que ocurre en la práctica y así plantearse investigaciones o reformas normativas.

Nuevo Presidente del Poder Judicial inaugura el año judicial: ¿Qué tipo de Poder Judicial queremos?

Juan Carlos Ruiz Molleda y Aníbal Gálvez Rivas

El día 5 de enero pasado el magistrado Javier Villa Stein pronunció su discurso de inauguración del año judicial 2009, asumiendo de esta manera el cargo de Presidente del Poder Judicial1. Desde Justicia Viva hemos sido críticos a su candidatura, pues consideramos que no era la persona más adecuada2. Sin embargo, fue elegido con el voto mayoritario de los magistrados supremos. Por nuestra parte, respetamos dicha decisión aunque no la compartimos, en todo caso, estaremos atentos a su gestión, ejerciendo nuestro derecho a la vigilancia democrática ciudadana de sus decisiones y medidas. A continuación, un análisis del discurso, tanto en lo que dijo como en lo que dejó de decir.