En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1ª y 2º de la Ley Nº 28654, que restituían la prohibición de creación de filiales de universidades, fuera del ámbito departamental de su sede.[1
A primera impresión la sentencia puede parecer cuestionable pues la proliferación de filiales de ínfima calidad educativa en los últimos años es muestra clara de la crisis de nuestro sistema educativo universitario, y por lo tanto su subsistencia es indefendible. En el caso de las filiales de las facultades de Derecho, su grave situación ha sido demostrada en forma contundente, pues en el 2004, de las 28 existentes, solo 9 habían sido creadas regularmente, muchas no contaban con infraestructura mínima, como locales adecuados (funcionaban dentro de casas, colegios, locales comerciales), algunas no contaban con bibliotecas ni pizarras, no eran dirigidas por abogados, no habían concursos para reclutar docentes, entre otras deficiencias serias.[2] Pero no se alarme, pues se trata de una sentencia que busca un tratamiento integral a la situación de la educación universitaria.