¿La PUCP como botín internacional?

Quienes hasta el año pasado decían que las propiedades de la PUCP debían administrarlas terceros nombrados por la Iglesia, ahora dicen que toda la PUCP es de la Iglesia, y por ello se asumen con derecho de decidir todo lo que tenga que ver con ella: desde los inmuebles hasta la suerte de los venados y ardillas del campus, pasando por la línea académica y la organización institucional. Este cambio se inició en julio del año pasado, cuando empezaban a desinflarse los procesos judiciales sobre la herencia de Riva-Agüero, que habían sido irregularmente concesivos con el Arzobispado de Lima.

Debido a que la intervención a través del Arzobispado de Lima perdía fuerza, el cambió de estrategia para intervenir la PUCP empezó a involucrar otras instancias de la Iglesia Católica. Pero la lógica subyacente ha sido casi siempre la misma: quienes creemos en Cristo y seguimos la fe católica debemos aceptar, sin dudas ni murmuraciones, lo que ordenen quienes deben guiarnos espiritualmente, aunque tales órdenes nada tengan que ver con lo espiritual. Así de totalitario.

Es difícil decirlo, pero parece que así funcionan las cosas.

El ahora famoso decreto que prohíbe a la PUCP usar los términos Pontificia y Católica como parte de su denominación refleja el interés desde el Vaticano por absorber a una de las principales universidades de nuestro país.

Desafíos que plantea la nueva ley de justicia de paz (Ley N° 29824)

En los últimos años el Poder Judicial ha mostrado cierta preocupación por mejorar la justicia de paz al reconocerla como plataforma para favorecer el acceso a la justicia de amplios sectores de país. Dentro de esa tendencia, el 2012 se perfila como un año clave. La publicación y próxima entrada en vigencia de la nueva ley de justicia de paz (Ley N° 29824) abre un nuevo abanico de oportunidades para repotenciar a esta instancia de justicia. Hacerlo implica ciertos desafíos, y en este artículo queremos apuntar brevemente algunos de ellos.

¿Por qué la nueva ley de justicia de paz impide la transferencia de propiedad de inmuebles?

Recientemente se publicó la Ley N° 29824, Ley de la Justicia de Paz, sobre la cual nos hemos manifestado a favor, en términos generales, porque consideramos que su adecuada implementación fortalecerá a esta institución, muchas veces ninguneada, en su misión de hacer justicia. 

Nada es perfecto en esta vida, claro está, y las leyes suelen serlo menos. Aunque nuestro balance de dicha ley sea positivo, no debemos invisibilizar sus puntos problemáticos. En esta oportunidad nos manifestaremos sobre las competencias notariales de los jueces de paz.

En concreto, el problema es que los juzgados de paz son lugares donde se realizan transferencias de propiedad mediante las denominadas “escrituras imperfectas”, pero de acuerdo a la ley ahora solo se podrían realizar transferencias posesorias. Es decir, mucha gente estaría perdiendo en la práctica el derecho a transferir una propiedad pues hay muchas zonas del país donde las transferencias de inmuebles se realizan a través de los juzgados de paz, no de las notarías, pues son más accesibles. ¿Era necesario este cambio? No solo era innecesario, sino que podría ser perjudicial.

La Ley de Justicia de Paz (Ley N° 29824) ya está publicada: el reto está en la implementación

El 2012 inicia con importantes cambios para el acceso a la justicia en nuestro país. Hoy se publicó en el diario oficial El Peruano, la ley N° 29824, Ley de Justicia de Paz.

Las leyes, por sí solas, no generan cambios mágicamente. Pero una adecuada implementación de la norma podría fortalecer considerablemente a esta instancia de justicia pues una traba para su mejora era la grave dispersión normativa producto de cambios inconexos durante décadas, lo que derivaba en vacíos, poca claridad y contradicciones. Esto facilitaba que la institución fuera marginada dentro del sistema de justicia, debilitándola, pese a su amplia legitimidad social: el 2008 un 80.3% de usuarios tenía una opinión favorable del servicio y afirmaba que volverían a los juzgados de paz.(1)

Concluyó el III Congreso sobre Justicia Intercultural organizado por el Poder Judicial: ¿cómo van las cosas?

Al César lo que es del César

Sería mezquino no reconocer que el Poder Judicial, desde hace algunos años, está atravesando un proceso de apertura hacia la interculturalidad y de preocupación por el acceso a la justicia en nuestro país.

El III Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, llevado a cabo entre el 27 y 30 de noviembre pasado en la ciudad de Huaraz, es la última manifestación de dicho proceso que, con sus aciertos y desatinos, parece “irreversible” como afirmó el presidente de este poder del estado, doctor César San Martín Castro, en su discurso de inauguración (ojalá no se equivoque).

La nueva ley de justicia de paz trae importantes novedades pero también retrocesos preocupantes

Nació la nueva ley: ¿a quién se parece?

 

El pasado jueves 10 de octubre el Congreso de la República aprobó una ley que regula de manera integral la justicia de paz. Aquel mismo día,resaltamos la importancia histórica de la norma pues consideramos que su regulación mediante una sola ley y de manera coherente la fortalecería frente al resto del sistema de justicia que la ha marginado cotidianamente.

 

Nuestra opinión se basó en los antecedentes de dicha ley, es decir, los proyectos que le dieron origen y el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso, pues consideramos pertinentes sus disposiciones, que derivaron de procesos de elaboración participativa donde se dialogó con jueces y juezas de paz de todo el país, que eran viva imagen de la heterogeneidad social que nos caracteriza.

 

Al haber podido revisar finalmente el texto sustitutorio que fue aprobado hemos podido verificar que se han mantenido muchas de las principales virtudes de las propuestas normativas, pero también se han introducido disposiciones preocupantes (no estaban en ninguna propuesta previa) en relación a la elección de los jueces de paz.

 

En el presente artículo queremos esbozar varios de los aspectos más resaltantes de la nueva norma aprobada por el Congreso, sin perjuicio de que más adelante podamos analizar de manera más detallada y profunda cada uno de los temas abordados y su proceso de implementación.

El Congreso aprobó la ley de justicia de paz: grandes cambios a la vista

Hace un par de meses comentamos que en varios países latinoamericanos se venían impulsando reformas legales para fortalecer la justicia de paz. Resaltaban de forma especial los proyectos de ley existentes en Colombia, Venezuela y Perú por su búsqueda de una regulación integral de la justicia de paz, no solo de temas puntuales.

Hoy se dio un paso importante en el Perú al respecto. El Pleno del Congreso de la República aprobó por 89 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, un proyecto de ley que regula el régimen de los jueces y juezas de paz, sus derechos, facultades, obligaciones, competencias, régimen disciplinario, formas de acceder al cargo, las oficinas de apoyo existentes en el Poder Judicial, etc.
Este es un hecho histórico que favorece el acceso a la justicia de la población de menos recursos en nuestro país.

Justicia de paz en América Latina: soplan vientos de cambio legal

De manera coincidente, en varios países latinoamericanos que cuentan con justicia de paz se ha venido discutiendo o aprobando, durante los últimos meses, cambios normativos en relación a esta instancia de justicia, por lo que es importante conocerlos.
 
1. Vientos de cambio legal frente a contextos diferentes
 
Para un análisis del tema, es necesario tomar en cuenta que no existe una justicia de paz homogénea en la región, y que además no todos los países cuentan con esta institución. Ciertamente hay algunas características comunes, como: a) el hecho de ubicarse en el eslabón inferior de los sistemas de justicia; b) su uso de la conciliación y la mediación; c) su intervención en los casos considerados menos graves dentro de una escala de conflictos civiles y penales; y d) su mayor cercanía con la población de escasos recursos. Pero por ahí acaban los rasgos comunes, luego hay ciertas cuestiones en las que existen diferencias, por ejemplo: a) si tienen naturaleza municipal o judicial (y, por tanto, si sus resoluciones son judiciales o extrajudiciales); b) si sus miembros son legos o letrados; c) si es gratuita o realiza cobros; d) si los jueces o juezas son elegidos popularmente o designados por algún órgano estatal; y e) si se ubican principalmente en las ciudades o en zonas rurales, entre las principales variables.
 
Es importante tomar en cuenta lo anterior porque la justicia de paz es distinta según el país, pero los aspectos a debatir suelen estar en torno a los puntos mencionados por lo que sirven de parámetro para identificar por dónde se conducen las iniciativas debatidas o implementadas.

Por la puerta o por la ventana: nuevas mentiras estratégicas para que el Cardenal Cipriani intervenga la PUCP

Las prioridades del Arzobispo

Años atrás, el Cardenal Cipriani se trazó el objetivo de intervenir la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

En 1997, cuando aún era Obispo de Ayacucho, sostuvo ante un programa de televisión que, hasta el gobierno militar de la década del setenta, la PUCP había dependido de la iglesia a través su Canciller, entonces el Cardenal Landázuri, pero “por un pequeño remezón del señor Velasco, resulta que la iglesia se quedó sin universidad” (min. 1:58). Y marcó una prioridad en su agenda: “creo que es una tarea primordial, hoy por hoy, recuperar la universidad pontificia: no como propiedad, hay muchos mecanismos” (2:14).

En efecto, parecen haber varios mecanismos y el Cardenal, ahora Arzobispo de Lima y por tanto Gran Canciller de la PUCP, no ha dudado en ponerlos en marcha. Eso sí, como son contradictorios, los ha defendido separadamente según la conveniencia del momento. Pero siempre los ha presionado y manipulado.

Feliz día a los jueces y juezas del Perú

Cada año, el 4 de agosto, se celebra el día del juez. Desde aquí nuestro más atento y respetuoso saludo a los magistrados y magistradas de todo el país y todas las jerarquías (sobre todo la justicia de paz) que cumplen su labor de forma honesta, materializando el valor justicia en la vida cotidiana de mucha gente.

Es usual en esta época del año recordar que el Decreto Ley N° 18918 estableció esta fecha conmemorativa en 1971. Esta norma, además, establece que la Corte Suprema y las cortes superiores deben realizar, en esta fecha, “sesiones solemnes destinadas a rememorar la obra de los Magistrados peruanos que han contribuido a la correcta administración de Justicia al progreso de la cultura jurídica del país y a la emancipación social, política y económica de la República”.

Han pasado ya cuarenta años desde la promulgación de dicho decreto ley. La fecha es siempre celebrada en todas las cortes del país, leyendo discursos que resaltan la trayectoria de ilustres y ejemplares magistrados, además de otros sobre los avances en la gestión de gobierno de cada presidente de corte. Pero entonces, ¿se ha congelado la celebración en el tiempo? ¿Ha devenido en un acto protocolar rutinario que, cargado de autoelogios, reitera anualmente la importancia de los jueces para la sociedad?