Presentación

jueves, 10 de diciembre de 2009

Se entregaron premios por los derechos humanos, pero aún nos falta mucho por aprender


El miércoles pasado, en la víspera del 61º aniversario de la Declaración Universal Nacional de los Derechos Humanos, se realizó la XIX Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” y el Premio Periodismo y Derechos Humanos 2009.

Este año, los galardonados fueron el fiscal Avelino Guillén, quien recibió el Premio “Ángel Escobar Jurado”, el reportero gráfico Óscar Medrano y el caricaturista político Carlos Tovar “Carlín”, quienes recibieron el Premio Periodismo y Derechos Humanos; y el antropólogo Carlos Iván Degregori.

jueves, 3 de diciembre de 2009

Dime en qué gastas y te diré quién eres: buenas y malas noticias en el presupuesto del sistema de justicia para el 2010


El 27 de noviembre pasado el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, la cual trae novedades para el sistema de justicia. Una buena noticia es que, en general, el sistema de justicia se fortalecerá pues todas sus instituciones verán aumentados sus presupuestos el próximo año. Pero hay otras noticias no tan buenas: la (inconstitucional) justicia militar tendría un aumento que casi duplica su presupuesto actual (83%), y habrían menores recursos para la lucha anticorrupción.

martes, 1 de diciembre de 2009

Manual sobre el acceso a la justicia en el Perú

Manual sobre acceso a la justicia publicado por el Gobierno Regional de Cusco:

Referencia:
Gobierno Regional Cusco. Manual sobre el acceso a la justicia en el Perú. Módulo 1, para operadores de Justicia Estatal. Cusco: Gobierno Regional de Cusco, Instituto de Defensa Legal, Centro Bartolomé de Las Casas, 2009, 72 pp.

Elaboración de Contenidos:
Javier La Rosa Calle
Aníbal Gálvez Rivas
Aarón Verona Badajoz

jueves, 26 de noviembre de 2009

Nuevos avances en capacitación a jueces de paz en el sur del país


Hace un par de meses comentábamos con entusiasmo la creación de la “Escuela de Justicia de Paz de Lima Norte” y el empeño de la Corte Superior de Justicia del Cusco en desarrollar políticas públicas en acceso a la justicia para la población rural. [1] 

En esta oportunidad, queremos resaltar la continuidad de este positivo proceso en Cusco. Durante todo el mes de octubre, se desarrollaron 5 talleres a jueces de paz de las provincias de Cusco, Canas, Paucartambo, Paruro y Quispicanchi, en el que participaron activamente diversos magistrados de esta corte superior y más de un centenar de jueces de paz de las distintas provincias.

jueves, 19 de noviembre de 2009

Se aprobaron aranceles para la justicia de paz en Distrito Judicial de Lima


La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dice que la justicia de paz es gratuita (art. 70, excepto las diligencias fuera del despacho[1]), bajo la lógica de que atiende a sectores de la población de bajos recursos. Pero entonces, ¿cómo se sostiene la importante justicia de paz si, en general, los propios jueces de paz son gente de escasos recursos, y este cargo no es remunerado, ni se suelen recibir los materiales de oficina que se necesita?

En la práctica, existen diversas situaciones en las que los usuarios del servicio realizan pequeños pagos que permiten el sostenimiento de los juzgados. Desde hace varios años atrás, esto ha preocupado a diversas cortes superiores, asumiendo que genera espacios de arbitrariedad en los cobros. El caso más reciente es el de la Corte Superior de Lima, que ha aprobado la Resolución Administrativa N° 199-2009-CED-CSJLI/PJ por la cual se aprueba un cuadro de aranceles judiciales por diligencias o actuaciones de los jueces de paz, que incluye cobros por notificaciones, diligencias fuera del juzgado, sentencias y conciliaciones y actuaciones notariales[2].

Un sinceramiento de la institución implica reconocer que existen algunos pagos a pesar de lo que señala la LOPJ, y creemos que eso se ha buscado con estos aranceles, lo que debería permitir un mejor control y funcionamiento de la institución. Sin embargo, creemos que antes de formular este tipo de medidas debemos preguntarnos si estamos realmente ante un problema (además prioritario) y cuál debería ser la forma de afrontarlo.

jueves, 12 de noviembre de 2009

Las audiencias ante la CIDH habrían motivado que el gobierno cambie de postura sobre AIDESEP


A raíz de las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 3 de noviembre, solicitadas por diversas organizaciones[1], el gobierno habría cambiado de postura sobre la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). En consecuencia, el Presidente del Consejo de Ministros anunció el pasado martes 10 que se retiraría el pedido de disolución ante el Ministerio Público.

Avancemos por partes para entender mejor el gradual cambio de postura del gobierno (ver: cronología).

jueves, 5 de noviembre de 2009

El problema del derecho a la consulta en el Perú es visto por la CIDH


El martes 3 de noviembre, en Washington D.C., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia en la que se abordó la situación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en el Perú (Oír audiencia). Esta audiencia fue solicitada por el Instituto de Defensa Legal, la Fundación para el Debido Proceso Legal y la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Seattle University con el objeto de que informar a la CIDH sobre el incumplimiento de diversas obligaciones internacionales del Estado peruano en relación al derecho a la consulta, generar un espacio de diálogo entre el Estado peruano y las organizaciones solicitantes, y proponer una serie de recomendaciones para que se implementen en nuestro país políticas internas a favor del derecho a la consulta.

El informe presentado por las instituciones peticionarias presenta y analiza claramente las distintas obligaciones internacionales sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas que vinculan al Estado Peruano. Estas obligaciones se derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en especial el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam), e instrumentos del sistema internacional de Derechos Humanos, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, el informe explica que las distintas normas que se han emitido en el Perú para desarrollar el derecho a la consulta no son compatibles con sus obligaciones internacionales debido a que relegan el derecho a la consulta a un período posterior a las concesiones, o porque se desarrollan procedimientos meramente informativos, o porque incluso no se prevé mecanismo alguno para la participación de los pueblos indígenas en los beneficios económicos como establecen los estándares internacionales. Por otro lado, el informe señala que del análisis de los 283 conflictos sociales (activos y latentes) que reportó la Defensoría del Pueblo para el mes de septiembre, se desprende que el 44% tienen que ver con la falta de consulta. Es decir la falta de implementación del derecho a la consulta es una de las fuentes más importantes de conflictividad social en el país.  (Ver: Informe presentado a la CIDH).

jueves, 24 de septiembre de 2009

La Ley de Defensa Pública ya está reglamentada: Ahora falta la implementación


Finalmente, el miércoles 23 de septiembre se publicó el Reglamento de la Ley del Servicio de Defensa Pública. Aunque se publicó con un mes de retraso, debemos valorar que se haya dado por fin este paso, tan necesario para mejorar el acceso a la justicia en el país. Aunque es un paso corto, y el siguiente paso demore mucho en darse, como explicaremos en los párrafos siguientes.
El reglamento es importante porque precisa: a) la organización administrativa necesaria (por ejemplo establece la Dirección General de Defensa Pública y las direcciones distritales en las cortes superiores, así como los requisitos para ser director y sus funciones); b) las funciones y deberes de los defensores públicos; c) características de los usuarios del servicio; y d) el régimen disciplinario para los defensores públicos.
En diferentes oportunidades, se ha manifestado en este portal la expectativa y preocupación por la mejora del servicio de defensa legal gratuita. Hace poco más de un año comentábamos con preocupación sobre esta, la escasez de cobertura a nivel nacional y ciertas limitaciones en la calidad del servicio, en especial su carácter discriminador y excluyente en perjuicio de las mujeres.[1] Es por ello que La Ley del Servicio de Defensa Pública significó importantes mejores aunque generó algunas preocupaciones, como por ejemplo la necesidad de capacitaciones y especializaciones, la ampliación de la cobertura y necesidad de mejores indicadores de acceso al sistema.[2] A esto se sumaba la preocupación por la implementación de esta ley, de lo cual no se tienen noticias aún.[3]

En base a estos antecedentes, quisiéramos resaltar solo algunos puntos del reglamento, dejando para una próxima oportunidad un informe más detallado.

jueves, 17 de septiembre de 2009

Cortes superiores avanzan en capacitación a jueces de paz


Recientemente, se ha creado la “Escuela de Justicia de Paz de Lima Norte”, a través de la Resolución Nº 512-2009-P-CSJLN-PJ, publicada el martes 15 de septiembre. A través de esta resolución, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte da un paso importante en el fortalecimiento de la Justicia de Paz, tan importante para el acceso a la justicia en nuestro país, y a la vez se preocupa por las características y necesidades propias de la justicia de paz urbana, en actual expansión. (Ver: Resolución)

Esta Escuela de Justicia de Paz de Lima Norte formará parte de la ODAJUP y contará con las siguientes funciones: a) Elaborar el diagnóstico de las necesidades de capacitación y formación de los Jueces de Paz Urbanos y Rurales del Distrito Judicial de Lima Norte; b) Proponer la malla curricular y los programas anual y mensual de capacitación; c) Seleccionar las metodologías y técnicas pedagógicas a utilizarse; d) Designar a los facilitadores según su perfil y las materias a abarcar en el evento de capacitación; e) Proporcionar la infraestructura, recursos materiales y la logística que se requieran; f) Organizar los eventos de capacitación; g) Otras que le sean encargadas por esta Presidencia.

jueves, 27 de agosto de 2009

Denuncias contra los blogs como restricción a la libertad de expresión: A propósito del caso Godoy

Estuvimos tensos toda la semana pasada a raíz del proyecto de la denominada “Ley mordaza” y su afán en restringir la libertad de expresión. En este contexto, para rematar la semana, se conoció una demanda de Jorge Mufarech contra el blogger nacional José Godoy, responsable del blog Desde el Tercer Piso por un millón de dólares por, supuestamente, haberlo difamado. Naturalmente la demanda permitió a Mufarech tener otra vez a una parte de la opinión pública en contra, y se ha resaltado en diversas oportunidades la coincidencia entre el proyecto de la “Ley Mordaza” y la demanda contra Godoy.

Un punto que llamó la atención apenas se conoció la noticia es que se trataría de la primera demanda contra un blogger en nuestro país. Esto nos lleva a pensar en la importancia que han adquirido los blogs políticos en el mundo durante los últimos años y la consecuente persecución que puede existir contra los bloggers. En octubre de 2006, Amnistía Internacional lanzó una campaña para defender a bloggers que se habían convertido en verdaderos “prisioneros de consciencia” en diversos lugares del mundo, y destacaba que esos precisos días se había arrestado a Kianoosh Sanjari en Teherán (Irán) por informar en su blog de unos disturbios entre fuerzas policiales y adeptos del clérigo chií Ayatollah Boroujerdi, señalando que “Está incomunicado y tememos que sea sometido a torturas”. Poco después, en febrero de 2007, la situación agravó: en Egipto, el joven blogger Abdelkarim Suleimán (22) fue sentenciado a cuatro años de cárcel por criticar al Islam y al Presidente de su país. 

jueves, 20 de agosto de 2009

Necesitamos prepararnos para la entrada en vigencia de la Ley de Defensa Pública

La Ley del servicio de defensa pública (Ley N° 29360) fue publicada el 14 de mayo del presente año. Quien revise las noticias de los días posteriores recordará cómo se resaltaba la importancia de esta norma, por establecer mecanismos que permitan a la población de escasos recursos hacer valer sus derechos, y por ello la norma fue analizada en este portal.

La norma establecía un plazo de 90 días para ser reglamentada y dicho plazo se completó a fines de la semana pasada. Si bien la ley entrará en vigencia todavía el primero de enero del próximo año (poco más de cuatro meses), el retraso causa preocupación pues son varias las actividades que se deben realizar con anticipación para que esta importante ley no devenga en letra muerta. En efecto, hay muchas cosas que no se pueden hacer si antes no se tiene el reglamento. A continuación mencionaremos algunos puntos importantes.

jueves, 13 de agosto de 2009

¿Ahora contamos con un Colegio de Abogados de alcance nacional?


En un nuevo intento por fortalecer la institucionalidad en nuestro país, se fundó el Colegio de Abogados del Perú (CAP) el 24 de julio de este año en la ciudad de Cusco. La “Declaración de Cusco”, nombre del documento de fundación, fue suscrita por los decanos de 25 colegios de abogados y señala que esta nueva institución se funda manteniendo la independencia y funciones de los colegios de abogados departamentales y sobre la base de la Junta Nacional de Decanos. Los objetivos planteados son: a) participar activamente en la reforma integral del sistema de justicia; b) participar en la reforma y mejora de la calidad e la educación legal en el sistema universitario, c) crear una jurisdicción deontológica para controlar el ejercicio y prestigiar la profesión de abogado, d) participar en la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia, y e) participar en el fortalecimiento de la institucionalidad del país y del respeto de los derechos humanos.

Esta nueva organización, cuyo decano es el doctor Wálter Gutiérrez Camacho (también Decano del Colegio de Abogados de Lima y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú) toma como referente a la antigua Federación Nacional Colegios de Abogados, considerando que desde que esta fue disuelta por el gobierno de Fujimori la abogacía en el país ha estado desorganizada y a cargo de colegios de abogados “totalmente invertebrados”.

lunes, 1 de junio de 2009

Elementos de los sistemas locales de justicia en zonas rurales de Cusco donde se concretan los derechos de las mujeres víctimas de violencia

Artículo publicado anteriormente en Derechovirtual.com
Coautores: Christine Benoît, Aníbal Gálvez Rivas, María Alejandra González Luna y Renato Levaggi Tapia,

Resumen:
El presente artículo analiza las opiniones de diversos actores de la justicia comunitaria (en tres provincias de Cusco) sobre qué entienden por justicia y cómo se busca afrontar la violencia que afecta a las mujeres. Se plantea que existen diferencias entre los discursos y las prácticas precisamente en casos que afectan a mujeres y que el empoderamiento de las defensoras comunitarias viene generando cambios en la forma en la que las autoridades comunitarias tratan la violencia hacia las mujeres.

jueves, 7 de mayo de 2009

Posibles mejoras en legislación sobre Justicia de Paz


Este podría ser un año muy importante en la historia de la justicia de paz. En el Congreso de la República se viene trabajando en una norma que la regularía integralmente y que, en caso de ser aprobada, generaría condiciones importantes para su fortalecimiento. Hemos podido acceder al texto del predictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y merece destacarse en varios aspectos.

En primer lugar, no es una propuesta confeccionada en un gabinete, sino el resultado de un proceso de consulta en el que se recogieron las opiniones y testimonios de experimentados jueces de paz provenientes de diversos contextos sociales de nuestro territorio. Esto garantiza que se hayan incluido aquellos temas que realmente preocupan a los jueces de paz y limitan su actuación.

miércoles, 29 de abril de 2009

Se presentó informe defensorial: "Actuación del Estado frente a la discriminación"

Apenas la semana pasada, nos recordaba un diario capitalino cuán vigente se encuentra el racismo en cierto sector de nuestra sociedad. De manera oportuna, la Defensoría del Pueblo presentó esta semana el informe “Actuación del Estado frente a la discriminación” donde analiza las 149 quejas recibidas durante el período 2007-2008 y la supervisión a la labor de distintas entidades públicas encargadas de la investigación y sanción de las conductas discriminatorias, entre las que incluye al Ministerio Público y el Poder Judicial (ver: Informe).

jueves, 23 de abril de 2009

Lamentable caso de discriminación pública desde el diario Correo

En nuestro país se suele asumir al racismo como una actitud soterrada. Pero nada más opuesto que dedicar la edición de un conocido diario para evidenciar abiertamente prejuicios raciales, culturales y de clase. En efecto -como si las noticias importantes del país se hubiesen desvanecido- el diario Correo dedicó su portada, editorial y páginas centrales del jueves 23 de abril para cuestionar errores ortográficos de la Congresista Hilaria Supa y, a partir de ello, plantear que deberían establecerse requisitos académicos altos para postular al congreso, desconociendo el derecho de ser elegidos de millones de peruanos de origen indígena y de sectores económicamente desfavorecidos.

Resulta tan clara la discriminación, que las reacciones han sido rápidas y diversas, comenzando por el pleno del Congreso que rechazó los agravios de Correo, hasta notas periodísticas en medios nacionales y extranjeros. 

Tercer encuentro de la Red Académica de Acceso a la Justicia

En un esfuerzo de la sociedad civil para aportar propuestas sobre cómo mejorar la educación legal en el país, se llevó a cabo el Tercer Encuentro de la Red Académica de Acceso a la Justicia (Redajus): “Investigación, Género y Enseñanza del Derecho”, los días 14 y 15 de abril en la ciudad de Cajamarca.

sábado, 31 de enero de 2009

¿Cómo está regulada la justicia de paz en el Perú? Compilación temática y breve análisis de la normatividad vigente


Introducción 
El presente documento no pretende explicar cómo administran justicia los jueces de paz, cuáles son los diversos contextos en que se desenvuelven, los problemas que afrontan o la forma en que se relacionan con el resto del Estado y con la sociedad en general. El objetivo es más modesto: explicar qué dicen y qué no dicen nuestras normas sobre justicia de paz. Tampoco se pretende explicar qué deberían decir las normas pues eso es todavía más complicado que todo lo anterior.

La justicia de paz, en la práctica, es muy diversa y no se refleja ni canaliza totalmente a través de las normas. Ni siquiera las interpretaciones sociales de las normas (las que se usan en la práctica) son totalmente compatibles con aquellas que la aplicación estricta de las técnicas de interpretación legal puede producir; y, como son abundantes, aquí solo plantearemos algunas.

Entonces, ¿para qué sirve este documento? Ocurre que, en cuanto a Justicia de Paz, la normatividad es muy dispersa, no tiene un enfoque coherente ni está pensada totalmente para ella. Muchas veces se desconoce la totalidad de normas que regulan la justicia de paz, o la totalidad y detalle de cada norma. Existen ciertas nociones que se han convertido en un sentido común, pero muchas veces quienes comparten estas nociones no tienen claro cuál es el fundamento legal ­­–si hay alguno– o estas nociones no encajan con las normas. Conocer de forma integral las normas sobre justicia de paz puede permitir entender mejor qué puede estar o no permitido, o de qué forma se puede utilizar la normatividad vigente para apoyar a la justicia de paz. También puede servir como referente para hacer comparaciones con lo que ocurre en la práctica y así plantearse investigaciones o reformas normativas.

martes, 6 de enero de 2009

Nuevo Presidente del Poder Judicial inaugura el año judicial: ¿Qué tipo de Poder Judicial queremos?

Juan Carlos Ruiz Molleda y Aníbal Gálvez Rivas

El día 5 de enero pasado el magistrado Javier Villa Stein pronunció su discurso de inauguración del año judicial 2009, asumiendo de esta manera el cargo de Presidente del Poder Judicial1. Desde Justicia Viva hemos sido críticos a su candidatura, pues consideramos que no era la persona más adecuada2. Sin embargo, fue elegido con el voto mayoritario de los magistrados supremos. Por nuestra parte, respetamos dicha decisión aunque no la compartimos, en todo caso, estaremos atentos a su gestión, ejerciendo nuestro derecho a la vigilancia democrática ciudadana de sus decisiones y medidas. A continuación, un análisis del discurso, tanto en lo que dijo como en lo que dejó de decir.