No se hizo justicia: el TC no protegió autonomía universitaria ni respetó voluntad de José de la Riva-Agüero y Osma

Este articulo fue escrito por el Equipo Profesional de Justicia Viva. Lo publico debido a que participé en la redacción:

Conforme al artículo 139 inciso 20 de la Constitución Política, que establece el derecho de formular análisis y críticas de sentencias y resoluciones judiciales, consideramos necesario señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el expediente 03347-2009-AA, referida al recurso de agravio constitucional (RAC) presentado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Lima, es una resolución arbitraria, con poco rigor jurídico y claramente sesgada a favor de una de las partes por las razones que exponemos a continuación: 

El sistema de justicia entrampado por el caso BTR

Hace exactamente un año el mundo entero reconocía la buena actuación de nuestro sistema de justicia por la impecable sentencia condenatoria a Alberto Fujimori. Ahora, con la adulteración de pruebas en el caso BTR, el panorama es distinto y nos toca presenciar uno de los escándalos más bochornosos que, muy lejos del ideal de justicia, solo nos muestra el enfrentamiento enconado entre dos entes protagónicos del sistema de justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, los que se acusan mutuamente. En esta situación, lo único que se consigue es debilitar la institucionalidad democrática al transmitir a la ciudadanía un mensaje de corrupción e impunidad en las altas esferas del poder. 

A pesar de los indicios todavía no se puede saber con total certeza cómo se produjo el borrado de los archivos y quiénes son los responsables. Una limitación adicional para conocer los hechos es el deber de reserva que tiene el fiscal Wálter Milla durante las investigaciones. Esta reserva terminará el 12 de abril, fecha en la que el Ministerio Público dará a conocer ante la opinión pública mayores detalles.

Sin embargo, el panorama actual permite calificar más claramente el desempeño del Ministerio Público, frente a la actuación de las autoridades del Poder Judicial.