¿Ha avanzado la justicia de paz en los últimos años?

La justicia de paz sigue siendo una institución trascendental pero ninguneada en materia de acceso a la justicia. Ha habido algunos esfuerzos pero estos últimos años se percibe como oportunidades que pueden perderse, y debería hacerse un esfuerzo por corregir esta situación. Aunque se trata de una institución judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo también tienen que ver con su actual situación.

Resulta pertinente recordar que la importancia de la justicia de paz tiene dos componentes. Por un lado, desde la perspectiva de la población, es la instancia judicial más cercana a lo sectores de bajos recursos y que viven en zonas alejadas, por lo que constituye una importante plataforma de acceso a la justicia; además es un valioso espacio de ejercicio de ciudadanía, que permite que peruanos y peruanas de sectores históricamente marginados accedan a un cargo de autoridad dentro de la estructura estatal. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado, la amplia distribución geográfica de la justicia de paz posibilita una presencia extensa y legítima del sistema de justicia en todos los rincones del país; además, permite que nuestro sistema se abra a la interculturalidad en la resolución de las causas. Por estas razones, resulta imperativo fortalecer esta institución.

Diversos obispos del país se pronuncian a favor de Cipriani en controversia con la PUCP: es necesaria mayor objetividad

El jueves 8 de julio se publicó en varios diarios el pronunciamiento “Mensaje de los obispos a los fieles católicos, a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, con relación a la Pontificia Universidad Católica del Perú”, que es firmado por treinta y cinco obispos del país. Creemos que este comunicado necesita mayor objetividad en sus afirmaciones.

Este pronunciamiento básicamente señala que las autoridades de la PUCP y personas vinculadas han iniciado una campaña de desprestigio contra el Cardenal Juan Luis Cipriani, para desorientar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general. La razón sería que no obtuvieron respaldo legal para su pretensión de oponerse a que el Arzobispo de Lima nombre un representante que vele por la correcta administración de los bienes dejados por Riva-Agüero, lo que habría sido establecido por el Tribunal Constitucional (TC). Señalan que esto no sería acorde con el principio de comunión que debe primar entre los fieles y sus pastores, que deberían cumplirse lo dispuesto por el TC.

Naturalmente, este comunicado se basa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los obispos, y como tal debe respetarse pero, en base al mismo derecho, plantearemos nuestras observaciones y discrepancias.

El TC declara estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema educativo universitario

En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1ª y 2º de la Ley Nº 28654, que restituían la prohibición de creación de filiales de universidades, fuera del ámbito departamental de su sede.[1

A primera impresión la sentencia puede parecer cuestionable pues la proliferación de filiales de ínfima calidad educativa en los últimos años es muestra clara de la crisis de nuestro sistema educativo universitario, y por lo tanto su subsistencia es indefendible. En el caso de las filiales de las facultades de Derecho, su grave situación ha sido demostrada en forma contundente, pues en el 2004, de las 28 existentes, solo 9 habían sido creadas regularmente, muchas no contaban con infraestructura mínima, como locales adecuados (funcionaban dentro de casas, colegios, locales comerciales), algunas no contaban con bibliotecas ni pizarras, no eran dirigidas por abogados, no habían concursos para reclutar docentes, entre otras deficiencias serias.[2] Pero no se alarme, pues se trata de una sentencia que busca un tratamiento integral a la situación de la educación universitaria.