Arzobispado de Lima y Correo siguen desinformando sobre controversia con la PUCP

Una raya más al tigre. Hoy el diario Correo volvió a la carga para desinformar a la ciudadanía sobre la controversia entre el Arzobispado de Lima y la PUCP. Este medio señaló que la Quinta Sala Civil de Lima resolvió que se inscriba en Registros Públicos, en las partidas correspondientes a los bienes inmuebles de la PUCP, la sentencia que dictó el TC en abril del 2010 sobre este caso. Como se recuerda, mediante esta sentencia se declaró infundado el proceso de amparo planteado por la universidad y, entre otros aspectos cuestionables, su argumentación reconoce la validez de una junta perpetua (donde el Arzobispo de Lima designa un miembro y dirime controversias) que administre de los bienes de la PUCP. A partir de esta reciente resolución, el diario sugiere que la junta entraría a tallar en la universidad, por lo que el Cardenal Cipriani ordenaría una auditoría integral a las cuentas de la PUCP y nadie podría contratar sobre sus bienes inmuebles sin autorización de la junta.

El problema es que, para variar, todo lo que afirma el diario sobre este caso es irregular, como explicaremos en los siguientes párrafos.

Fuerza 2011 infringe normas electorales y penales

La campaña fujimorista incumple abiertamente diversas normas sobre democracia interna para la elección de su lista de candidatos al congreso y aspectos financieros y patrimoniales.

Tiempo de propuestas en materia de justicia

En la coyuntura actual, viene tomando fuerza nuevamente la preocupación por plantear reformas que mejoren nuestro sistema de justicia. Esto se debe, en cierta medida, al proceso de elecciones generales en curso, que motiva la discusión de las propuestas de los candidatos a la presidencia y al parlamento. Por otro lado, el inicio de una nueva gestión en el Poder Judicial, bajo la presidencia del doctor César San Martín, también ha impulsado nuevos aires de cambio.

Aunque aún no estamos, ciertamente, ante un proceso convocante y articulado de diagnóstico y propuestas para una reforma integral del sistema de justicia (como fue la CERIAJUS), resulta importante presentar este conjunto de propuestas y animar su debate.

Por parte del Estado, destacan las iniciativas del Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. Desde la sociedad civil debe mencionarse la agenda sobre derechos humanos planteada a los candidatos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las propuestas para todo el sistema de justicia que presenta el Programa Justicia Viva a través de su nueva publicación La reforma judicial pendiente. Hoja de ruta.